En la lógica del control autoritario de la narrativa del poder, el gobierno de Estados Unidos ha definido una estrategia de presión sobre México para obligarlo a combatir a cárteles del narcotráfico sur del río Bravo, pero sin reconocer qué el problema tiene dos explicaciones estadounidenses:

1.- La demanda de droga por parte de los adictos estadounidenses –10% oficial y 60% extraoficial– determina la dinámica de la producción y el tráfico.

2.- Y el 80% de los Estados estadounidenses tiene presencia solida y autónoma de los nueve cárteles del narcotráfico.

En este contexto las recientes presiones de la Casa Blanca sobre México para obligarlo a asumir el enfoque estadounidense de lucha contra cárteles y capos no solo es unilateral porque nada hace el gobierno americano para combatir a las células del narco dentro de su propio territorio, sino que en realidad representa un instrumento de presión geopolítica para subordinar al gobierno mexicano a la política exterior militarista y bélica de Estados Unidos ahora en zona rusa de Asia.

Desde el 2005, la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) ha registrado la presencia creciente de los nueve principales cárteles mexicanos en la producción, contrabando, distribución dentro de EU y control del mercado al menudeo de venta de drogas en las calles, sin que existan decisiones u operativos locales para combatir a esos grupos que se han instalado en 45 Estados estadounidenses con la complicidad o la apatía de autoridades locales.

Este dato aporta elementos suficientes para señalar que existe una corresponsabilidad jurídica y moral del gobierno de Estados Unidos con los cárteles mexicanos que operan la droga y que han provocado cifras anuales de 100,000 estadounidenses muertos por el abuso de la droga mortal del fentanilo que produce el Cártel de Sinaloa, apuntado como la principal organización del narco dentro de Estados Unidos.

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