MADRID (España): la Guardia Civil pone 259 agentes más a investigar corrupción y narcotráfico

Guardia civil placaMadrid, 12 abr (EFE).- La Guardia Civil ha incrementado con 259 agentes la plantilla de las unidades de Policía Judicial especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada con el objetivo de aumentar las investigaciones sobre narcotráfico, corrupción, blanqueo de capitales y tráfico de seres humanos.

Según ha informado hoy la Guardia Civil, estos agentes reforzarán la plantilla de la Unidad Central Operativa (UCO), Unidades Orgánicas y Técnicas de Policía Judicial, Criminalística, y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA, que son las que mayor número de operaciones y detenciones desarrollan en el ámbito de la delincuencia organizada.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Estratégico para luchar contra la delincuencia organizada, establecido por el Ministerio del Interior con el fin de velar por la seguridad pública de los ciudadanos.

La UCO, unidad que se encarga de forma específica de combatir el crimen organizado, contará con un total de 105 agentes más, que permitirán la creación de nuevos grupos de investigación especializada, como la unidad para combatir el fraude contra la Seguridad Social.

Entre las investigaciones que tiene actualmente a su cargo, destaca la Operación Púnica en la que fueron detenidos, entre otros, el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados.

Por otra parte, la plantilla de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ) se incrementará con 119 guardias civiles.

Principalmente se reforzarán las unidades del arco mediterráneo, insulares (Islas Canarias y Baleares) y de Madrid, ya que son las que cuentan con un mayor volumen de trabajo.

También se reforzará con 19 agentes las Unidades Técnicas de Policía Judicial (UTPJ), lo que permitirá potenciar la labor en la gestión de los sistemas de información.

Asimismo, un total de 10 guardias civiles pasarán a formar parte del Servicio de Criminalística, de forma que se potencien áreas especializadas que se adapten a los nuevos tipos de delincuencia.

Por último, la UCOMA del SEPRONA aumentará su plantilla con 6 agentes para llevar a cabo las investigaciones requeridas tanto por las Autoridades Judiciales como Administrativas.EFE

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« Argentina y Brasil son los dos países con mayor consumo de cocaína en América Latina »

Olga Illera, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, analizó en InfobaeTV el avance del narcotráfico en la región. Cómo influye la corrupción

Olga Lucía Illera, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, pasó por los estudios de InfobaeTV para analizar la situación del narcotráfico en América Latina en general, y en Colombia y Argentina en particular. Hizo principal hincapié en la corrupción policial como agravante de este flagelo y describió la mutación de las bandas en la región, así como resaltó el trabajo conjunto de los países latinoamericanos.

Sobre la situación de Argentina, Illera opinó que estamos en una « etapa temprana » de irrupción del narcotráfico, pero propuso una forma de combatirlo: « Lo que se puede hacer es aprender de las lecciones de Colombia sobre cómo desarticular y trabajar en forma conjunta con las agencias de inteligencia, con el Ejército para tratar de presionar a los carteles que, en el caso argentino, son mucho más pequeños, más ligados a unas delincuencias pequeñitas ».

Asimismo, hizo referencia a cómo afecta a la sociedad y explicó: « Hay que hacer una seguridad más dura. Habría que fortalecer el tejido social para que resista, para que no se vea tentado a recibir al narcotraficante. Entre Brasil y Argentina son los dos países con mayor consumo de cocaína. Hay que hacer un tejido social para que resistan en contra de estas actividades que pueden ser un estimulo para otros comportamientos delictivos ».

La especialista, quien está de visita en Buenos Aires para participar de un seminario organizado por la editorial Taeda, manifestó las consecuencias sociales que acarrea el hecho de que Argentina sea el segundo país consumidor de cocaína: « Va a haber un mercado muy fuerte de microtráfico por parte de los países productores. A mayor demanda se va a generar alrededor de ellos la estructura del negocio. Y no solo la venta. Porque esto viene acompañado de ajuste de cuentas y de ‘menudeo’, que es cuando una persona empieza a vender de a poco pero tiene un gran dealer en una zona que ejerce control territorial. Genera una actividad delictiva diferente al tráfico pero que puede incluir uso de armas y deteriorar el barrio ».

Corrupción

Illera mencionó en su interpretación la influencia de la corrupción policial para favorecer la instalación del flagelo: « Debilita muchas cosas en la institución policial como el nexo con la comunidad, la capacidad de operar, la legitimidad como operador estatal. Genera un clima más propicio para que florezcan estos negocios y se arraiguen en las comunidades ».

« Estos tráficos mueven mucho dinero que siempre va a ser atractivo para alguien, sobre todo en América Latina. El ejercicio de la seguridad no es bien pagado en el ámbito público. Es poco atractivo para los jóvenes y no llegan los mejores ciudadanos, sino quienes buscan una posibilidad laboral. Que te ofrezcan ganarte en una hora lo que ganas en un año, te pone a pensar. Y si sabes que va a estar ligado a la posibilidad de que nadie se entere, pues tú lo vas a hacer », argumentó.

En sintonía con estos conceptos, consideró que la ‘tolerancia cero’ no serviría aplicarla para el narcotráfico « porque es un delito más duro », sino que estaría más ligada a « los desórdenes y comportamientos incivilizados, como el vandalismo, que se clasifican de antisociales ».

Cooperación regional

« Uno de los grandes logros de las dos últimas décadas es el creciente interés de la región en dar solución a los problemas de una forma interconectada. Esa realidad de que el crimen no tiene fronteras hace que haya más cooperación y que se hayan firmado muchos acuerdos », aseveró Illera.

Uno de los pilares que resaltó fue el intercambio de información entre países: « Desde finales de los 90 se ha evolucionado mucho en la región en compartir información de inteligencia porque todos están de acuerdo en que, independientemente del rol que ocupe el país en la cadena, es una preocupación general ».

Desplazo de las bandas productoras

Illera reconoce que « siempre habrá estímulos para el narcotráfico » porque « es una actividad económica transnacional » y, como consecuencia, « es muy difícil pensar en que sean eliminados al 100% porque siempre el criminal tratará de mejorar su estrategia ».

A raíz de esto, describe cómo las bandas productoras se trasladan de un país a otro reforzando sus operaciones: « En Colombia llevamos 20 años de un proceso de combate a la producción, pero esto genera nuevas rutas para evitar la intersección y (los productores) desplazan sus cultivos hacia zonas diferentes. Colombia ha logrado reducir las hectáreas cultivadas pero ha crecido en nuestros países vecinos ».

« Que yo sepa, Argentina no es un país productor. Se han vuelto a involucrar Perú y Bolivia, que antes en los 70 eran los países donde se plantaba la coca, pero se desplazaron a Colombia por el control de Estados Unidos. Hoy disminuye Colombia las hectáreas producidas, pero se reactivan Bolivia y Perú y se agrega Venezuela ».

Corrupción, narcotráfico y crimen se infiltran en política de Perú

Una sucesión de hechos en los últimos días han sacado a relucir hasta qué punto el crimen organizado puede mezclarse con la política.

Antecedentes de homicidio, condenas de corrupción o haber pertenecido a una red de narcotráfico no son impedimento suficiente para ser candidato en Perú, donde las próximas elecciones regionales encendieron alarmas por la permisividad del sistema político.

Un camión de campaña del candidato a una alcaldía en Barranca, en la costa central peruana, fue detenido el viernes con 400 kilos de cocaína. Horas después, la presidenta de la Junta Electoral de Ica (sur) renunció por temor a « narcocandidatos » de esa región en la campaña para los comicios del próximo 5 de octubre.

Pero el narcotráfico no es el único cáncer en una política peruana impactada por varios casos de sicariato contra opositores políticos. « De todos los candidatos que se presentarán para las elecciones regionales hemos verificado que hay unos 1400 que han sido condenados con sentencias firmes por distintos delitos, muchos de ellos por robo al Estado y narcotráfico« , dijo Gerardo Távara, que preside en Lima la organización Transparencia.

« Hay 12 candidatos, entre ellos postulantes a alcaldes y regidores (concejales), que fueron condenados por homicidio », añadió. La pésima reputación que tiene hoy la política peruana se agrava en las regiones.

Cuatro gobernadores regionales fueron detenidos recientemente y un quinto está prófugo, todos ellos acusados por delitos de corrupción en el manejo discrecional de cuantiosos fondos que reciben por canon minero y otros recursos.

« Lo que ocurre es que el Estado y los grandes partidos han abandonado hace tiempo a las regiones. Los movimientos regionales han coptado los cargos locales e imponen allí su ley y no rinden cuentas a nadie », afirmó Távara.

El presidente de la región de Loreto (norte) fue detenido en julio con orden de prisión preventiva que luego le fue levantada mientras avanza su proceso. En junio fue apresado el gobernador de Cajamarca (norte). Y en la misma situación quedaron los presidentes de Ancash (norte) y Pasco (este) mientras que el gobernador de Tumbes (norte), también con orden de detención, se encuentra prófugo.

Pese a los problemas que enfrentan, algunos de ellos no abandonan sus planes reeleccionistas en los comicios en los que además de gobernadores se eligen alcaldes y regidores municipales (concejales). -Un sistema vulnerable- La Junta Nacional Electoral inició esta semana una campaña en la que pide a la población « eligir un candidato sin mancha ». Y anunció que trabaja en un sistema para publicar los antecedentes de los postulantes, su formación y experiencia.

« Estamos en una situación que Perú no puede darse el lujo de mantener. La democracia peruana tiene que protegerse y para eso es muy importante elevar la vara de condiciones a los candidatos », indicó Távara.

El Congreso debería dar una nueva ley, señalan las organizaciones civiles, pero admiten que legisladores y dirigentes que han sido elegidos en estas condiciones no quieren ir contra esas reglas.

« Nuestro sistema electoral es muy vulnerable. Hay personas con amplios antecedentes delictivos y aun así logran postular. Se abusa de la presunción de inocencia », consideró la procuradora antidrogas de Perú, Sonia Medina.

Según Transparencia, el partido Alianza para el Progreso tiene 114 de sus candidatos que han recibido condenas judiciales. El fujimorismo (Fuerza Popular) tiene 61 candidatos que fueron condenados y Acción Popular 50, mientras el APRA, el partido más antiguo de Perú, tiene 26 postulantes que fueron condenados por algún delito.

« Según la ley, quienes están siendo procesados, pero no fueron condenados tienen derecho a participar, igual que los que han cumplido sus condenas », dijo Percy Medina, director del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

« Hemos hecho una invocación a los partidos para que seleccionen adecuadamente a sus candidatos », mencionó. Y dijo que el sistema electoral debe « evitar que existan caballos de troya en los partidos en los que se infiltra el crimen organizado ».

FUENTE:http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/corrupcion-narcotrafico-y-crimen-se-infiltran-politica-articulo-508818

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