Aviseur International renseigne, sans complaisance, sur la problématique de la drogue, du narcotrafic, de la corruption et sur les politiques mises en œuvre par les différents Etats et les dérives que s'autorisent les fonctionnaires des administrations — aviseurinternational@proton.me — 33 (0) 6 84 30 31 81
Du travail pour la Celtic (Cellule d’études et de lutte contre les trafics illicites par conteneurs).
Un kilo del estupefaciente vale $1000 en el Perú y puede costar $45 mil en el Viejo Continente y $120 mil en Asia. Hay cuatro puntos de acopio en el país.
El 5 de diciembre de 2014, un contingente de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp), liderado por el mayor PNP Marco Tataje Salas, irrumpió en un depósito ubicado en Huachipa. El titular de la Primera Fiscalía Antidrogas del Callao, Juan Mendoza Abarca, supervisó de cerca el operativo.
La Policía arrestó a doce personas y confiscó dos toneladas de cocaína en ladrillos de soya bajo el sello del rostro del inca Atahualpa.
La droga tenía como destino el puerto de Le Havre, ubicado al noroeste de Francia.
Correo tuvo acceso a documentación detallada que demuestra que este destino forma parte de las nuevas rutas desde donde operan las mafias ligadas al narcotráfico a nivel mundial.
LOS DESTINOS. El panorama completo lo encabeza Europa, al recibir el 79% de nuestra producción de cocaína. Le siguen América del Norte, con un nivel de recepción del 9%; África, con un 5%; y finalmente Asia, con un 4% del total.
Los puertos son escogidos con precisión por los mercaderes peruanos de la droga, que actualmente prefieren operar para el Viejo Mundo y no para realidades problemáticas como la de México.
Bélgica, Holanda, España, Italia, Lituania y, por supuesto, Francia reúnen las condiciones para que la carga ilegal llegue a salvo y se venda como pan caliente.
Allí, “la merca” puede alcanzar un valor cercano a los $45 mil por kilo.
Justamente, el pasado 14 de mayo, 199 kilos de cocaína fueron hallados por la Guardia Civil Española en el puerto de Valencia, España, y según un comunicado de la Policía de ese país, su origen sería territorio peruano.
Pero hay precios más altos. La cocaína de alta pureza que es enviada desde el Perú hasta los países de África y Asia alcanza los $120 mil, si su destino son países como Jordania o China.
Solo en América Latina, el precio por kilo de cocaína en todos los países es por lo menos el doble que en el Perú.
Un ejemplo particular es Colombia, también productor, donde el precio no baja de $3600 por cada kilo de cocaína.
OTRO SISTEMA. Sin embargo, difícilmente existen en el Perú las mafias y cárteles de la droga de los que tanto se ha hablado desde que el denominado “narcoporsche” del prófugo Gerald Oropeza López fuera blanco de balas y granadas el 1 de abril en San Miguel.
“Aquí lo que existe son ‘combos’, con gente que se junta y se divide funciones, como el financiamiento y la logística”, explica el fiscal Mendoza, y agrega: “Todos ellos ahora comparten rutas y hasta contenedores”.
La inversión, no obstante, resulta casi nula comparada con las ganancias obtenidas. En el Perú, comprar 1 kilo de cocaína en la zona del Huallaga puede valer únicamente mil dólares.
Por eso es que, según la Policía, los grandes capos y barones de la droga ya no existen en el Perú.
“Casi todos son brókers, nada más. El mismo Gerald Oropeza sería un bróker. La imagen de ‘Tony Montana’, un mafioso que pelea por el control de las rutas de narcotráfico entre Cuba y Miami no puede estar más alejada de Oropeza”, señala Nicolás Zevallos, investigador principal del Laboratorio de Criminalidad Social de la PUCP.
Estos brókers no solo son expertos en acondicionar camiones y barcos para el traslado de la mercancía, sino también son especialistas en captar a gente en la que puedan delegar responsabilidades de mando.
Cifras de la Dirincri indicaron que en 2014 se detuvo a 22 peruanos y 84 extranjeros con algún tipo de pertenencia a estos “combos” del tráfico de drogas.
CRÉANME, POR FAVOR. El golpe en Huachipa fue parte de una investigación que llegó a procesar a Manuel Angulo Lescano, suboficial de primera de la Dirección de Inteligencia de la Policía.
Para las autoridades que organizaron la intervención, esa no fue ninguna sorpresa. Sabían que había elementos de inteligencia protegiendo el “negocio” conducido por el uruguayo Rubén Clemente Batalla. Y lo sabían por un informante muy particular.
Fuentes de la Policía indicaron que a fines de 2008 un hombre se acercó a la Fiscalía Antidrogas y les hizo una oferta que no pudieron rechazar.
“Créanme, por favor. Yo sé muchas cosas, pero déjenme tranquilo. Les diré todo lo que sé”, dijo el sujeto, que terminó convirtiéndose en un colaborador eficaz. Un convenio secreto fue firmado entonces en conjunto con la Procuraduría Antidrogas.
La fuente recordó cómo es que el informante los aleccionó sobre los distintos modos de cargar la droga y sus diversos destinos.
A partir de 2010, la Drug Enforcement Administration (DEA) entró en contacto con él. “Todos los grandes golpes que dio la Dirandro en colaboración con la DEA entre 2010 y 2014 fueron por los datos que él nos pasó”, agregó la fuente.
No es para menos. Dicho informante había sido uno de los peces gordos que movieron toneladas de droga por el puerto del Callao entre 1998 y 2008.
Pero los problemas no tardarían en llegar. “Un día nos dijo que le habían avisado de un pase grande, pero entre policías”, recuerda la fuente.
Los agentes de la DEA determinaron que la vida del colaborador corría peligro y decidieron llevarlo con su familia a Panamá, donde vive desde enero.
Bernard Cazeneuve intensifie la lutte contre le trafic de drogue à Saint-OuenFace à l’indignation grandissante des habitants, contre le trafic de drogue à Saint-Ouen, le gouvernement annonce prendre des mesures.
Mis à jour le 14/05/2015 | 11:56 , publié le 14/05/2015 | 11:21
Acheteurs, rabatteurs, guetteurs, vendeurs sont dans le viseur du gouvernement. Dans une interview accordée au « Parisien », le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve dévoile plusieurs mesures ce jeudi 14 mai pour lutter contre le trafic de stupéfiants à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) dans le nord de Paris. Des mesures qui viennent après la manifestation des habitants, le week-end dernier, pour dire stop à la violence. L’objectif est de dissuader les acheteurs de se rendre dans la ville, en s’attaquant directement à la demande. Depuis mercredi, policiers et agents des douanes sont déployés et 56 acheteurs ont été contrôlés.
« On ne peut pas tolérer que des gens qui viennent de l’extérieur de cette banlieue contribuent à faire prospérer ce genre de trafic » explique à France 2 Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l’Intérieur. Renforcement des contrôles
Une cinquantaine de CRS seront présents en permanence alors que la vidéo-surveillance va être renforcée avec l’installation de 12 caméras. Ces dernières semaines, cinq jeunes ont été blessés par balle dans la ville.
Pour enrayer le trafic de drogue qui gangrène la ville de Saint-Ouen, la police a décidé de s’attaquer aussi aux clients, avec une première opération menée mercredi, a annoncé Bernard Cazeneuve dans un entretien au Parisien jeudi.
« Une opération conjointe de la police et des douanes est déployée depuis hier (mercredi, ndlr) après-midi à Saint-Ouen. Elle cible non seulement les vendeurs mais aussi les consommateurs », déclare le ministre de l’Intérieur.
La Commission européenne a présenté aujourd’hui un programme européen en matière de sécurité pour la période 2015-2020, qui doit aider les États membres à coopérer contre les menaces qui pèsent sur la sécurité et donner plus de poids à notre action commune contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité. Ce programme expose les mesures et outils concrets auxquels recourront toutes les parties prenantes pour garantir la sécurité et affronter plus efficacement ces trois menaces particulièrement préoccupantes.
SAN ANTONIO, TEXAS – El cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, uno de los asesores del Papa Francisco, visitó la ciudad del Alamo y dos centros de detención de inmigrantes de Texas.
“Guatemala, El Salvador, Honduras, donde tanto las situaciones de violencia como las situaciones de pobreza han motivado este éxodo masivo de personas”, dijo el cardenal hondureño en conferencia de prensa sobre la crisis humanitaria que se vivió el verano del 2014 en la frontera de Estados Unidos y México.
Este lunes por la mañana, el cardenal visitó dos centros de detención de inmigrantes, acompañado del arzobispo de San Antonio Gustavo García-Siller, donde habló con menores en espera de ser reunidos con sus padres, informa el portal Telemundo 47
“Hay un secreto pero a voces, [del] que nadie quiere hablar y todo mundo lo sabe. El dinero del tráfico de la droga no está en América Latina, el dinero está en los bancos de este país (Estados Unidos) y en bancos de Europa”, continuó diciendo el cardenal sobre las problemáticas entre Latinoamérica y Estados Unidos.
Pero el cardenal no era ningún extraño para los líderes religiosos de San Antonio, pues la arquidiócesis de la ciudad se unió a la de Tegucigalpa, Honduras, en un esfuerzo por ayudar a las víctimas del huracán Mitch que destruyó gran parte de ese país en 1999.
El cardenal Rodríguez Maradiaga regresó a San Antonio con el propósito de llevarle un mensaje al Santo Pontífice sobre las realidades del mundo previo a su viaje a Estados unidos este otoño y para ayudarlo a reformar la iglesia católica.
The Drug Enforcement Administration has been buying spyware produced by the controversial Italian surveillance tech company Hacking Team since 2012, Motherboard has learned.
The software, known as Remote Control System or “RCS,” is capable of intercepting phone calls, texts, and social media messages, and can surreptitiously turn on a user’s webcam and microphone as well as collect passwords.
The DEA originally placed an order for the software in August of 2012, according to both public records and sources with knowledge of the deal.
The contract, which has not been previously revealed, shows that the FBI is not the only US government agency engaged in hacking tactics, but that the DEA has also been purchasing off-the-shelf malware that could be used to spy on suspected criminals.
This revelation comes just a week after USA Today uncovered a secret program with which the DEA collected the phone records of millions of Americans for more than 20 years, a program that pre-dated and inspired the NSA’s own bulk telephone collection program, suggesting that the drug agency is sort of a pioneer in the use of surveillance.
Surveillance tech experts say the DEA’s relation with Hacking Team is further proof that methods and tools once only reserved for the military, intelligence agencies and even cybercriminals—such as drones and StingRays—are becoming commonplace in law enforcement as well.
“Hacking software is yet another example of a technology created for the intelligence community that has secretly trickled down to law enforcement.”
“Hacking software is yet another example of a technology created for the intelligence community that has secretly trickled down to law enforcement,” Christopher Soghoian, the principal technologist at the American Civil Liberties Union and an expert of surveillance technology, told Motherboard.
And given the how powerful this spyware can be, Soghoian added, “we need a public debate over this invasive surveillance technology.”
THE PAPER TRAIL
The contract, according to public records, was signed on August 20, 2012 for a total value of $2.4 million between the DEA’s Office of Investigative Technology and a government contractor named Cicom USA.
The records were uncovered by Motherboard and Privacy International, a London-based digital rights group, in independent investigations.
The contract, which records show is slated to be completed in August of 2015, is identified only as “Remote Controlled Host Based Interception System.”
That system, according to sources, is none other than Hacking Team’s Remote Control System, also known as Galileo, which the company markets as “the hacking suite for governmental interception.”
“You cannot stop your targets from moving. How can you keep chasing them? What you need is a way to bypass encryption, collect relevant data out of any device, and keep monitoring your targets wherever they are, even outside your monitoring domain. Remote Control System does exactly that,” a company brochure boasts.
Cicom USA, Motherboard has learned, was simply a reseller for Hacking Team, a spyware-maker that’s been accused of selling its products to some governments with questionable human rights records. Some of those governments, such as Ethiopia, the United Arab Emirates, or Morocco, used Hacking Team’s software to target dissidents and journalists.
In light of those incidents, which were uncovered by researchers at the Citizen Lab at the University of Toronto’s Munk School of Global Affairs, the company was included in a blacklist of corporate “Enemies of the Internet” by Reporters Without Borders.
Despite speculation based on the fact that Hacking Team has an office in the US, there’s never been any evidence that the company had sold its products on American soil, even though CEO David Vincenzetti boasted of having clients in more than 40 countries, including the US, in a 2011 interview with Italian newsmagazine L’Espresso.
The connection between Cicom USA and Hacking Team was confirmed to Motherboard by multiple sources with knowledge of the deal, who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to discuss the content of the contract.
Eric Rabe, a spokesperson for Hacking Team, did not confirm nor deny the existence of the contract with the DEA.
“We don’t identify our clients. I’m certainly not going to comment whether the DEA or anyone else has purchased Hacking Team software.”
“We don’t identify our clients. I’m certainly not going to comment whether the DEA or anyone else has purchased Hacking Team software,” he told Motherboard in a phone interview. And for the same reason, he added, he declined to clarify what was the relationship between Hacking Team and Cicom USA.
Alex Velasco, Cicom USA’s general manager, did not answer Motherboard’s request for comment.
But the connection between the two companies is clear. Cicom USA is based in Annapolis, MD, at the same exact address where Hacking Team’s US office is located, according to the company’s website. The phone number for Cicom USA listed in the contract with the DEA, moreover, is exactly the same one that was displayed on Hacking Team’s website until February of this year.
When asked whether this was just a coincidence, Rabe laughed.
“I don’t know about why that would be a coincidence,” he said, but declined to elaborate.
It’s unclear what the DEA has been doing with Hacking Team’s malware. But the relationship between the agency and Cicom USA—and thus, Hacking Team—appears to be ongoing. The most recent public record shows a payment from the DEA to Cicom USA made in September of 2014.
A spokesperson for the DEA did not respond to a series of specific questions on the contract and how the DEA is using this technology. Thomas L. Walden, the section chief of the DEA Office of Investigative Technology, also did not respond to a message requesting comment.
Hacking Team’s RCS software can be surreptitiously installed on a target’s computer or cellphone and monitor all activity, allowing police officers to spy on data that might otherwise be encrypted and out of their reach.
Software like this isn’t sold only by Hacking Team. The Italian company is just one of an ever-growing group of surveillance tech companies that market their products exclusively to governments, police departments, and spy agencies, such as the French VUPEN, or the German FinFisher and its parent company Gamma International.
This is exactly the kind of software that the DEA was looking for, according to an official call for tender or “request for Information” published by the agency in March, 2012.
“The DEA is seeking information from potential sources with a fully functional and operational product proven to be capable of providing a Remote Control Host Based Interception System for device or target specific collection pursuant to authorized law enforcement use,” the document reads.
Roughly a month later, on May 4, 2012. The DEA had what it was looking for. In another document, the agency announced that it was going to “solicit and negotiate” a contract with Cicom USA for the duration of at least four years.
Cicom USA, according to the DEA, emerged as the only company capable of providing the service required, based on market research conducted internally by the agency. The DEA did not respond to questions regarding this research.
It’s possible the DEA picked Cicom USA because the US Army had done the same a year prior. According to public records, the Army made a purchase order for a Remote Control System on March 2011. The order shows that the Army was supposed to pay $350,000 for the software, and further confirms Cicom USA’s connection with Hacking Team, given that Italy is listed as the country of origin of the product. (The Army did not respond to Motherboard’s questions regarding the contract.)
IS IT LEGAL FOR LAW ENFORCEMENT TO HACK TARGETS?
For surveillance experts, the big question is whether the DEA actually has legal authority to use spyware such as Hacking Team’s—and how, exactly, it is used. A DEA spokesperson said that the agency “always abides by the laws of the jurisdictions within which it operates.”
And added that “however, in this case, this is off-the-shelf technology, legally available for purchase by all and used throughout the world by many organizations.”
But experts are not convinced.
“The legal framework governing the use of such tools in the US is extremely unclear, meaning that the use of Hacking Team’s spyware is potentially unlawful,” Edin Omanovic, a researcher at Privacy International, told Motherboard.
“The use of Hacking Team’s spyware is potentially unlawful.”
The FBI is the only other US law enforcement agency that has been reported to use malware. The bureau has been using it since at least 2001 when FBI’s spyware Magic Lantern was revealed. But the precise legal authority, as well as the process that FBI agents use to get authorization, is still unclear, and very few cases where the bureau used malware have actually come to light.
In 2011, internal emails obtained by the Electronic Frontier Foundation revealed that in some past instances, FBI agents considered using malware known as « Computer and Internet Protocol Address Verifier » (CIPAV) without getting a warrant, or in other cases, hid key details on what the technology actually entailed in order to increase the chances the judge would approve it.
In any case, the bureau, after consulting with the Office of General Counsel and the National Security Law Branch finally appeared to settle on a “two-step request” legal process: get a search warrant to authorize the deployment of the software on a target’s computer, and then a subsequent order (known as pen register or trap and trace) to authorize the actual surveillance.
In 2013, a Texas judge stopped the FBI from using malware, rejecting the bureau’s warrant application because it was too vague and didn’t specify how the agents would actually install the software.
Soghoian, the ACLU surveillance tech expert, said that given the nature of this technology, and the fact that “Congress and the courts have been kept in the dark” about it, Americans should have more information on when and how the feds are using spyware.
“If law enforcement agencies can hack into your computer, turn on your webcam, turn on your microphone and steal documents from your computer, that’s the kind of thing that should get the attention of Congress. »
“Courts are not being told how agencies will get malware onto the computers of targets,” Soghoian said. “Similarly, law enforcement agencies have not discussed the use of this technique in any public Congressional hearings.”
“The American people deserve some answers and I think Congress needs to investigate this,” Soghoian told Motherboard.
Omanovic, from Privacy International, added that the US needs update the legal framework regarding hacking and the use of spyware by law enforcement agencies and establish “effective oversight mechanisms.”
Privacy International also released a dossier on Hacking Team on Wednesday, asking Italian authorities to look into the company and its practices in light of European export controls of surveillance technology. (Rabe said that the company « is in compliance with all export laws. »)
Some legal experts, however, argue that there’s nothing illegal about the use of spyware. Although there is no specific law that specifically covers hacking, Jonathan Mayer, a computer scientist and lawyer at Stanford University, said that law enforcement agencies are “broadly authorized” to conduct searches in the US, including using hacking techniques.
“They don’t need some special legislative grant of extra authority before they can hack,” Mayer told Motherboard, adding that a search warrant supported by probable cause and particularly describing what the agents seek is all they need.
But for critics, such as Soghoian or Privacy International, there still should be more transparency and a public debate.
“If law enforcement agencies can hack into your computer, turn on your webcam, turn on your microphone and steal documents from your computer,” Soghoian said, “that’s the kind of thing that should get the attention of Congress, particularly before this trickles down to local law enforcement agencies.”
This story has been updated to include a comment from Hacking Team’s Eric Rabe on his company’s compliance with export controls. And to clarify that FBI agents considered using malware without a warrant, according to documents obtained by the EFF.
La marina británica se incautó el jueves de más de dos toneladas de cocaína a bordo de un remolcador inspeccionado al este de Escocia en base a informaciones facilitadas por DNRED de Francia, anunció este fin de semana el servicio de aduanas francés.
Las aduanas francesas « trasladaron informaciones precisas que permitieron a dos buques de la Royal Navy y de los guardacostas británicos inspeccionar un remolcador a 100 kilómetros al este de Escocia, que transportaba una importante cantidad de cocaína, superior a las dos toneladas », declaró en un comunicado.
La embarcación, detectada por los investigadores de las aduanas francesas a mediados de abril cuando abandonaba las Islas Canarias (España) rumbo al norte de Europa, transportaba « una importante cantidad de cocaína, superior a las dos toneladas », precisó.
El valor de la mercancía decomisada a bordo « aún debe determinarse », así como la cantidad exacta de cocaína hallada, precisó en un comunicado la agencia británica de lucha contra el crimen organizado, NCA.
La droga se encontró a bordo del « Hamal », un remolcador con bandera de las Islas Marshall y operado por una compañía ucraniana.
Después de las Islas Canarias, el trayecto del barco, que rodeó las Islas Británicas por el oeste al margen de las rutas marítimas habituales, levantó sospechas sobre « un cargamento de cocaína procedente de América Latina » a bordo, precisó el servicio de aduanas francés.
La fragata británica « HMS Somerset » y el patrullero de los guardacostas « Valiant » interceptaron el « Hamal » al este de Aberdeen (Escocia).
Los nueve miembros de la tripulación, de nacionalidad turca y de 26 a 63 años, se encuentran detenidos a la espera de comparecer ante un tribunal de Aberdeen el próximo lunes acusados de narcotráfico, según la NCA.
En junio de 2011, una operación franco-británica condujo al hallazgo de 1,2 toneladas de cocaína a bordo de un yate en Southampton, en el sur de Inglaterra.
Las incautaciones mundiales de cocaína pasaron de 634 toneladas en 2011 a 671 toneladas en 2012, según un informe sobre drogas publicado en 2014 por Naciones Unidas.
Los tres principales países productores -Perú, Colombia y Bolivia- producen unas 1.000 toneladas anuales en total, cuya cuarta parte está destinada a Europa.
Los detenidos están acusados por delitos como homicidio, extorsiones, narcotráfico y prostitución de menores. Las autoridades consideran que están cerca de capturar al líder « Otoniel » y desmantelar a la banda criminal
Un total de 72 miembros de la banda narcotraficante Clan Úsuga fueron capturados durante un megaoperativo que se llevó a cabo esta semana en distintos puntos de Colombia, en lo que ha sido un intento por cercar al líder de la organización, Dario Úsuga, alias « Otoniel ». De ellos, 65 eran requeridos por delitos como homicidio, extorsiones, narcotráfico y proxenetismo.
Según informó la Policía, entre los detenidos hay seis hombres que comandaban las operaciones de la banda, así como funcionarios públicos que facilitaban información a los criminales y una mujer que captaba menores de edad para que prestaran servicios sexuales a los líderes del clan
La operación policial comenzó el martes por la madrugada, de acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, y se realizó en paralelo en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Sucre, Córdoba y Atlántico, situados en el oeste y norte del país. También fueron incautadas armas de fuego, computadoras y memorias virtuales, que según la Policía contienen « importante información sobre las acciones ilegales del clan ».
En las últimas semanas, las autoridades han mantenido una ofensiva permanente contra el Clan Úsuga, la principal banda criminal de Colombia, luego de que en marzo el presidente Juan Manuel Santos ordenara aumentar las recompensas por información que lleve a la captura de sus líderes. En especial, las operaciones van dirigidas a dar con el paradero de « Otoniel », el cabecilla del grupo y con cuya captura las autoridades esperan desmantelar grupo.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, evaluó la operación y aseguró que dejó al Clan al borde de la fractura. « Buscamos romper de una vez por todas la espina dorsal de la estructura logística extorsionista y de homicidio del Clan Úsuga. Entre los capturados tenemos a alias ‘Lute’, contratista de la Alcaldía de Rio Sucio, a quien se le decomisó una subametralladora con silenciador, y a ‘Yarlington’, un asistente de la Fiscalía señalado de suministrar información de los procesos que se adelantaban en contra del Clan Úsuga », señaló.
El Clan Úsuga, también conocido como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, surgió tras la desmovilización de unos 32.000 paramilitares de derecha durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) y actualmente tiene influencia nacional.
De acuerdo con un informe revelado en marzo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, grupos como el Clan Úsuga « son el reto principal en seguridad pública hoy en día » en el país, incluso más que las FARC.
Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo en el que han participado guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, y que ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de cinco millones de desplazados.
PARIS (AFP) – Nine men have been charged with drug trafficking after the British coastguard seized more than two tonnes of cocaine off the east coast of Scotland, French and British officials said on Sunday.
French customs shared « specific information allowing two ships from the Royal Navy and the British coastguards to board a tug 100 kilometres (60 miles) east of Scotland carrying a very large quantity of cocaine, more than two tons » on Thursday, it said in a statement.
The drugs were found when the HMS Somerset and Border Force cutter Valiant intercepted the Hamal, a 35-metre tugboat registered in the Marshall Islands and owned by a Ukrainian company.
Britain s National Crime Agency (NCA) said nine men aged between 26 and 63 would appear before an Aberdeen court on Monday charged with drug trafficking offences.
« This is a potentially significant seizure of illegal drugs, » John McGowan, from the NCA s Border Policing Command, said in a statement.
« The exact amount of cocaine on board is yet to be determined and the search is likely to continue for some time. »
French customs identified the ship after it left the Canary Islands for northern Europe in mid-April by an unusual route that skirted Britain.
The boat s suspicious itinerary meant officials feared that cocaine from South America had been loaded in the Canary Islands, French customs said.
Deux tonnes de cocaïne saisies au large de l’Écosse
Le Monde.fr avec AFP | 26.04.2015 à 02h21 • Mis à jour le 26.04.2015 à 06h09
La marine britannique a saisi jeudi plus de deux tonnes de cocaïne à bord d’un remorqueur arraisonné à l’Est de l’Écosse sur la base de renseignement fournis par la France, a annoncé dimanche 26 avril la douane française.
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) « a transmis un renseignement précis permettant à deux navires de la Royal Navy et des garde-côtes britanniques d’arraisonner un remorqueur à 100 km à l’est de l’Écosse transportant une quantité très importante de cocaïne, supérieure à deux tonnes », affirme la douane dans un communiqué.
Route suspecte
La drogue a été découverte à bord du Hamal, un remorqueur de 35 mètres immatriculé aux Iles Marshall et appartenant à une société ukrainienne.
Le navire, repéré par la DNRED, remontait des Canaries, quittés mi-avril, vers le nord de l’Europe. Son trajet, qui contournait les îles britanniques par l’ouest, à l’écart des routes maritimes habituelles, « faisait craindre qu’un chargement de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud était intervenu au large des Iles Canaries », précise la douane française.
Jeudi, la frégate britannique HMS Somerset (Photo) et le patrouilleur des garde-côte Valiant ont intercepté le Hamal à l’est d’Aberdeen (Ecosse).
Les neuf membres turcs de l’équipage, âgés de 26 à 63 ans, sont en garde à vue et doivent être présentés lundi à un tribunal d’Aberdeen pour être poursuivis pour trafic de drogue, selon la NCA. Cette saisie intervient dix jours après celle de 2,25 tonnes de cocaïne au large de la Martinique à bord d’un voilier, la plus importante jamais réalisée par la douane française.
Le voilier transportant la drogue, amarré au Fort Saint-Louis à Fort de France
Un voilier a été intercepté par la douane française le 15 avril dernier au large de la Martinique. 2,25 tonnes de cocaïne ont été saisies, ce qui constitue un record national selon le gouvernement. Trois occupants du voilier ont été arrêtés.
Selon Europe 1, qui révèle l’information, parmi les trois hommes interpellés figure un Espagnol d’une cinquantaine d’années, ancien membre d’ETA. Les deux autres sont un Espagnol et un Vénézuélien. La radio précise que les enquêteurs des renseignements douaniers (DNRED)* ont commencé à enquêter dès 2012 sur un possible trafic international de stupéfiants transitant par la mer des Caraïbes, entamant «en collaboration avec les services espagnols et britanniques» une surveillance des embarcations suspectes. Constituée de cocaïne pure, la cargaison aurait une valeur de 100 millions d’euros. La douane française avait saisi un total de 6,6 tonnes de cocaïne sur toute l’année 2014. La saisie de cocaïne cette semaine compte parmi les plus importantes jamais réalisées. Le record date de novembre 2006, avec une prise de 4,3 tonnes réalisée par la Marine nationale sur un cargo panaméen au large de la Martinique. L’opération de mercredi dernier est le fruit d’une enquête de deux ans menée par la DNRED, en lien avec des services espagnols et britanniques.
Dans leur communiqué, Michel Sapin et Christian Eckert «se réjouissent du succès de cette opération témoignant à la fois de la qualité de la coopération internationale en matière de lutte contre les narcotrafics et de la qualité du travail de renseignement effectué par la douane».Ils «saluent l’engagement des unités aéromaritimes douanières dans cette opération difficile et risquée».
La région des Caraïbes est une plaque tournante du trafic de drogue, proche des trois principaux pays producteurs (le Pérou, la Colombie et la Bolivie), qui produisent à eux seuls environ 1.000 tonnes de cocaïne par an, dont près du quart est destiné à l’Europe. La saisie de cette semaine « illustre la stratégie du bouclier qui consiste à protéger l’Europe en agissant au plus près des zones de production de la cocaïne », s’est félicité Simon Riondet.
– ‘De nuit, par une mer déchaînée’ –
Cette opération est le fruit d’une enquête de deux ans menée par le renseignement douanier français, en lien avec des services espagnols et britanniques.
Elle a mobilisé un avion et deux vedettes garde-côtes des douanes mercredi vers 21H00 (heure locale), à quelque 200-220 kilomètres au large de la Martinique. « Les trois suspects, qui se trouvaient à bord d’un voilier de 20 mètres, ont refusé de se soumettre au contrôle. Nous avons dû faire stopper le bateau de nuit, par une mer déchaînée », a raconté à l’AFP Michaël Lachaux, de la DNRED.(DNRED, un service de renseignement français..)
Dans le bateau, le « Silandra », qui voyageait sous un faux pavillon américain, les forces de sécurité ont trouvé pas moins de 80 ballots dans lesquels la cocaïne était conditionnée. « Il y en avait partout », a-t-on commenté aux douanes.
Les deux Espagnols interpellés étaient « défavorablement connus » des services de douanes et de police pour des affaires de trafic de stupéfiants, selon Michaël Lachaux. Le nom de l’un d’eux est lié à des « faits de terrorisme dans les années 80 », a-t-il ajouté, évoquant l’organisation séparatiste basque ETA. « C’est un profil que l’on retrouve de temps en temps, d’anciens terroristes qui se recyclent dans des activités de contrebande », a-t-il commenté.
Les trois hommes étaient samedi en garde à vue – mesure qui peut durer 96 heures dans les affaires de drogue – à Fort-de-France. Ils devraient être présentés à un juge en début de semaine.
EN IMAGES/VIDÉO – Les autorités françaises ont mis la main mercredi sur 2,2 tonnes de drogue dans un voilier au large de l’île antillaise, au terme d’une opération internationale préparée depuis deux ans.
C’est une saisie record et spectaculaire pour les douanes françaises: 2,2 tonnes de cocaïne ont été retrouvées mercredi sur un voilier au large de la Martinique. Une cargaison estimée à 70 millions d’euros. Samedi, les douanes françaises se félicitaient de la réussite d’une opération préparée depuis deux ans.
Cette prise représente un tiers du total (6,6 tonnes) des saisies de cocaïne effectuées par les douanes françaises au cours de l’ensemble de l’année 2014. «Il s’agit d’un record pour la douane et la police», selon un responsable de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. La plus importante prise de «blanche» par les autorités françaises (4,3 tonnes) avait été réalisée en novembre 2006 sur un cargo panaméen par la Marine nationale, déjà au large de la Martinique.
Cette opération est le fruit d’une enquête de deux ans menée par le renseignement douanier français, en lien avec des services espagnols et britanniques.
Elle a mobilisé un avion et deux vedettes garde-côtes des douanes mercredi vers 21 heures (heure locale), à environ 200 kilomètres au large de la Martinique. «Les trois suspects, qui se trouvaient à bord d’un voilier de 20 mètres, ont refusé de se soumettre au contrôle. Nous avons dû faire stopper le bateau de nuit, par une mer déchaînée», a raconté Michaël Lachaux de la DNRED.
Dans le bateau, le Silandra, qui voyageait sous un faux pavillon américain, les forces de sécurité ont trouvé pas moins de 80 ballots dans lesquels la cocaïne était conditionnée. «Il y en avait partout», a-t-on dit aux douanes.
Les deux Espagnols interpellés étaient «défavorablement connus» des services de douanes et de police pour des affaires de trafic de stupéfiants, selon Michaël Lachaux. Le nom de l’un d’eux est lié à des «faits de terrorisme dans les années 1980», a-t-il ajouté, évoquant l’organisation séparatiste basque ETA. «C’est un profil que l’on retrouve de temps en temps, d’anciens terroristes qui se recyclent dans des activités de contrebande», a-t-il commenté.
Les trois hommes étaient samedi en garde à vue – mesure qui peut durer 96 heures dans les affaires de drogue – à Fort-de-France. Ils devraient être présentés à un juge en début de semaine.
Deux tonnes de cocaïne ont été saisies en Équateur et 11 personnes interpellées, dont un colonel de la police, ont affirmé aujourd’hui les autorités locales, annonçant avoir démantelé un réseau de trafiquants comprenant également des ressortissants colombiens et néerlandais.
Le ministre équatorien de l’Intérieur, José Serrano, a indiqué à la presse que le réseau acheminait de la drogue en Europe et s’apprêtait à camoufler ce chargement dans une cargaison de poisson. Au cours de l’opération de police, menée dans trois provinces, dont celle de la capitale Quito, un colonel de police, qui faisait l’objet d’une enquête depuis trois ans, a été arrêté.
« Le policier était le numéro trois du réseau », selon José Serrano.
L’organisation, qui disposait d' »informateurs » au sein du système judiciaire et au parquet, transportait la drogue depuis la Colombie jusqu’à Manta (sud-ouest), principal port de pêche du pays. Sur son compte Twitter, le ministre a rappelé que l’Equateur avait saisi 23 tonnes de drogue en 2015, et 61,6 tonnes en 2014, en grande majorité de la cocaïne.
En mars, 97 policiers avaient été destitués pour avoir transmis des informations « sensibles » au crime organisé et avoir dérobé en 2012 de l’argent dans un avion privé appartenant à des trafiquants de drogue qui s’était écrasé en Equateur.
70 kilos de cocaïne noire, d’une valeur marchande de plus de quatre millions d’euros, ont été découverts par les autorités dans un transport de meubles transitant par la Roumanie en provenance de l’Equateur et destiné à l’Espagne.
« Cette saisie est une première pour nous en raison du type de camouflage. C’est de la cocaïne noire, qui ressemble beaucoup à la poix et qui a été injectée dans le mobilier », a précisé le commissaire chef de police lors d’une conférence de presse.
La cocaïne dite « noire » est mélangée à une substance chimique qui en change la couleur et surtout l’odeur, notamment pour éviter qu’elle ne soit détectée par les chiens policiers. La drogue est traitée à nouveau pour retrouver sa couleur blanche, avant d’être mise sur le marché.
Trois personnes, un Colombien, un Vénézuélien et un Roumain, ont été interpellées.
Les généraux qui entouraient Chavez, ses frères d’armes et de coup d’Etat, et ceux qui entourent aujourd’hui Maduro sont les personnes les plus influentes du pays, car ce sont elles qui contrôlent le trafic de cocaïne au Venezuela. C’est à dire aussi, obligatoirement, que ces gens-là s’enrichissent ouvertement alors que le pays est exsangue et que ses revenus du pétrole baisse et que le réservoir sur lequel il est assis demeure inexploitable rapidement. On en aura un exemple flagrant avec l’un d’entre eux, pris la main dans le sac, en train de balader près d’une demi-tonne de cocaïne dans sa propre voiture. La corruption au sein de l’armée est généralisée, et les grandes idées sociales chères à Chavez en public bien loin de leurs préoccupations, personnelles bien plus terre à terre, comme on va le voir. Pour ceux qui en doutaient encore, la saisie record de Roissy de septembre 2013, a été le coup de massue sur la tête. Car à la tête de l’envoi, il y avait bien des généraux vénézuéliens (*)... dont un, en particulier…
Maduro, enfin décidé à sévir ?
En mai 2013, le président Maduro semblait enfin enclin à s’occuper du trafic de cocaïne dans son pays, en acceptant d’en parler en public pour la première fois. Hélas, sans surprise, son propos était loin d’un début d’action pour résoudre le mal qui rongeait le pays depuis des années. Le 20 mai en effet, écrit James Bargent : « le Président du Venezuela, Nicolas Maduro, a admis que le pays avait un problème de trafic de drogue, mais il a porté le blâme sur les organisations paramilitaires colombiennes ayant des « liens avec la droite fasciste, » ignorant commodément le rôle des groupes de la guérilla de gauche vénézuélienne et des militaires. S’exprimant lors d’une visite à l’Etat frontalier de Tachira, Maduro a dit que « ce crime [le trafic de drogue] qui vient de Colombie, est en train de changer et de se muer en un monstre. Les trafiquants de drogue et des paramilitaires commencent à contrôler notre voisin et de plus en plus, ils sont étroitement liés à la droite fasciste, [et] Ils font partie des partis [politiques] fascistes , » a-t-il ajouté. Le président a également annoncé un audit de tous les notaires dans les villes limitrophes de la Colombie dans le cadre d’une enquête sur l’achat de propriétés avec les profits du commerce de la drogue » (des notaires fascistes, on suppose !).
Pas vraiment
Si le président vénézuélien reconnaissait pour la première fois l’ampleur du problème, sa façon d’éluder le rôle des Farcs et le soutien de son pays au groupe d’extrême gauche responsable d’une grande partie du trafic de cocaïne était à la fois sans surprise et plutôt désolant. En digne successeur d’Hugo Chavez, Maduro ne voulait rien savoir, et rien voir en effet : « cependant, comme avec son prédécesseur, le nouveau président en fait une question hautement politisée. La liaison faite par Maduro des groupes de narco-paramilitaires liés à un mouvement politique fasciste poursuit sa rhétorique de plus en plus paranoïaque, avec ses allégations qui ont inclus l’ancien président colombien Alvaro Uribe*, complotait selon lui pour l’assassiner. » Visiblement, le successeur de Chavez gardait les mêmes oeillères et le même cap : « absente de sa vue politisée des problèmes de trafic de drogue du Venezuela, est la présence des groupes de guérilla de gauche de la Colombie, qui opèrent sans être inquiétés sur le territoire vénézuélien et sont fortement également impliqués dans le commerce de la drogue. Un autre absent est le rôle de l’armée vénézuélienne, en particulier le réseau lâche de militaires de haut rang connus comme le Cartel de los Soles (Cartel des Soleils), qui est de plus en plus soupçonné de jouer un rôle important dans le commerce de la drogue ».
Le fameux Cartel des Soleils : des généraux vénézuéliens enrichis
Le Cartel des Soleils ainsi appelé en raison des décorations des haut-gradés vénézuéliens, qui au lieu d’étoiles sur leurs épaulettes, arborent en effet des soleils, est un fait reconnu désormais par un bon nombre d’observateurs. En adroit politique, Maduro avait récemment donné en pâture à ses électeurs mécontents trois d’entre eux, limogés par lui en mars dernier. Pour notre observateur, ça n’avait rien de surprenant en effet : « lorsque le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé l’arrestation la semaine dernière de trois généraux de la Force Aérienne pour avoir fomenté un coup d’Etat, ce ne était pas une grande surprise. L’armée, après tout, a joué un rôle dans la politique du pays lors de conflits déjà, bien avant – en 2002, le mentor et prédécesseur de Maduro, Hugo Chavez, avait été démis de ses fonctions pour la bagatelle de 47 heures par un coup d’Etat qui a été renversé par des officiers loyalistes. Mais bien que les trois généraux de la Force Aérienne démis pouvaient très bien avoir des liens avec les secteurs « de l’opposition » selon les allégations de Maduro, ils ne représenteraient pas pour autant la plus grande menace face à ses commandants militaires. Parce que les généraux dont il devrait- et presque certainement doit – avoir le plus peur sont ceux qui sont devenus immensément riches grâce à l’idéologie politique chaviste « la liberté pour tous » défendue par Chavez et poursuivi par Maduro. Ils peuvent ostensiblement rester de son côté, mais ils ne seront pas à rester là à regarder Maduro permettre au système de s’effondrer » (…)
DICK MARTY Docteur en droit, ancien procureur général du Tessin, conseiller aux Etats, conseiller d’Etat et membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, pour laquelle il a mené différentes enquêtes qui l’ont fait connaître sur la scène internationale.
Pour lutter contre les narcotrafiquants, il est nécessaire de mener une importante action de sensibilisation au niveau mondial, selon Dick Marty. Et il faut progressivement s’acheminer vers un marché contrôlé dans lequel la réglementation est définie en fonction de la dangerosité de la substance et de l’âge du consommateur.
Après des décennies de faillites ruineuses dans la réponse sociale au problème des dépendances, on doit le dire clairement: le prohibitionnisme en matière de drogue et la criminalisation des consommateurs sont une voie sans issue. Plus, ils ont directement contribué à produire le plus important phénomène criminel de tous les temps, qui alimente toutes sortes d’autres trafics. L’argent de la drogue et les pratiques des organisations criminelles infiltrent l’économie avec un effet de contamination morale et de diffusion à grande échelle de la corruption. Les enquêtes n’atteignent presque jamais les hauts étages du crime organisé. La répression des petits poissons sert en revanche, presque cyniquement, à entretenir un certain niveau des prix et à assurer des profits fabuleux à ceux qui gèrent les grands trafics.
L’argent facile de la drogue est en fait devenu un facteur économique de grande importance, ce qui explique aussi pourquoi on ne s’attaque pas à la racine du problème. Si l’on pense que le chiffre d’affaires du trafic de drogue est estimé à environ 300 milliards de dollars par année, il est évident que cet argent est désormais devenu un véritable facteur de portée géopolitique. Il entretient de nombreux conflits, permet de financer des achats massifs d’armes de plus en plus sophistiquées, conditionne les choix de nombreux gouvernements, influence les structures socioéconomiques. J’ai entendu récemment un chercheur affirmer que si le trafic de drogue était éliminé, la plupart des familles des cités entourant Marseille ne seraient plus à même de payer leur loyer.
Des ressources énormes sont investies dans la répression, alors que le crime qui en contrôle le trafic prospère. Les institutions et la structure sociale de plusieurs pays ont été bouleversées par les narcodollars et les narcotrafiquants.
Nous sommes tous conscients qu’il n’existe pas de solution facile ni de solution idéale. Je pense cependant que toute nouvelle solution présuppose que l’on soit conscient de ce qui est en train de se passer et du gâchis auquel a conduit la politique actuelle.
Une importante action de sensibilisation au niveau mondial est nécessaire. Ce travail est en cours depuis longtemps. En 1984 déjà, Milton Friedman, Prix Nobel d’économie, écrivait que la prohibition de la drogue favorisait le crime, sans en diminuer l’usage, et imposait un coût aberrant à la société. Une position analogue a été prise, par la suite, par la célèbre revue The Economist, ce qui fit sensation. D’anciens chefs d’Etat se sont réunis en groupe de travail et ont pris position en faveur d’une nouvelle politique de la drogue et contre l’actuel régime de prohibition. Il est à peine besoin de rappeler ici le rôle important joué par Ruth Dreifuss dans ce contexte. C’est un travail difficile, qui demande beaucoup d’énergie et beaucoup de temps.
Il faut ainsi convaincre les politiciens un peu partout dans le monde. La politique actuelle de la drogue est en effet ancrée, je dirai cristallisée, dans des conventions internationales qu’on ne pourra modifier qu’avec l’accord des principaux pays. Or, la peur de la drogue et les discours guerriers qui prônent la répression ont toujours la faveur de nombreux politiciens. Ce genre de discours, en effet, se prêtent bien à des tirades démagogiques et populistes, aujourd’hui plus que jamais à la mode.
Les chroniques parlementaires de ces dernières années démontrent, hélas, qu’à chaque fois que se pose un problème dans la société, il y a toujours de nombreuses voix, souvent majoritaires, pour proposer un durcissement des peines ou la création de nouvelles normes pénales. En Suisse, avant même de disposer d’une étude sérieuse quant aux conséquences sur la récidive de l’élimination des courtes peines de prison décidée lors de la dernière révision du Code pénal, il est devenu de bon ton, aussi bien à droite qu’à gauche, d’invoquer un retour à la case prison. C’est naturellement plus facile que d’essayer de comprendre les raisons profondes de certains comportements et de mettre au point les remèdes les plus efficaces. Il y a exactement deux cent cinquante ans, Cesare Beccaria publiait son ouvrage Dei delitti e delle pene. Il démontrait que ce n’est pas la sévérité de la peine qui retient une personne de commettre une infraction, mais bien le degré de probabilité de se faire prendre; un enseignement qui a maintenu une actualité étonnante. Cette vérité devrait être rappelée avec force aux décideurs d’aujourd’hui qui tendent à faire exactement le contraire: diminuer les moyens à la disposition de l’Etat pour le social, l’éducation et la prévention, et, par ailleurs, durcir la répression pénale.
La politique de la drogue exige une approche cohérente et crédible pour être efficace. C’est loin d’être le cas aujourd’hui. La distinction entre substances légales et illégales apparaît aujourd’hui comme arbitraire, injuste et hypocrite. Je pense qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie globale pour l’ensemble des substances psychotropes créant une dépendance. Cela ne veut nullement dire qu’on va traiter toutes les substances de la même façon. Il faut progressivement s’acheminer vers un marché contrôlé (cela existe déjà pour le tabac, l’alcool et les médicaments), dans lequel la réglementation est définie en fonction de la dangerosité de la substance et de l’âge du consommateur.
Dans de nombreux pays, les choses ont commencé à bouger. La distribution contrôlée d’héroïne a choqué au début, mais elle a démontré que, bien appliquée, elle contribuait à une réduction sensible des risques pour la santé, à une baisse de la criminalité et permettait une réintégration sociale qui ne paraissait guère possible auparavant. Quelques Etats ont libéralisé le cannabis. (…)
En matière d’addiction et sur la façon d’y faire face, j’ai beaucoup de doutes et, plus j’avance dans la connaissance de ce phénomène, plus les certitudes ont fondu comme neige au soleil. J’ai toutefois une conviction. La prohibition telle que nous l’appliquons est non seulement une faillite, mais elle entretient le phénomène criminel le plus important de tous les temps. Ce dernier a assumé une telle dimension que la lutte que nous menons actuellement contre le trafic de drogue ne peut pas et ne pourra jamais être gagnée.
Pourquoi? Parce que les intérêts du crime organisé sont aujourd’hui à ce point entremêlés avec ceux d’autres acteurs économiques, politiques et sociaux qu’une disparition des narcodollars entraînerait une réaction en chaîne désastreuse. Le directeur de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Antonio Maria Costa, a affirmé que les narcodollars ont contribué à sauver de la faillite des établissements bancaires de première importance lors de la tempête qui s’est abattue sur les marchés financiers mondiaux en 2008. Je laisse la responsabilité de cette affirmation à son auteur, qui n’est en tout cas pas le dernier venu. Ce qui est vrai, en tout cas, c’est qu’avec le prohibitionnisme le narcotrafic est en fait devenu aussi, comme certaines banques, too big to fail!
Seul un changement de paradigme est à même de nous offrir une meilleure perspective d’avenir. Il faut attaquer le trafic sur le terrain qui lui a assuré son fantastique succès, le marché. Ce marché que nous avons soutenu, financé, entretenu et qui a ainsi conféré une énorme plus-value à des substances qui n’avaient que peu de valeur. Au lieu d’essayer d’éliminer ce marché par des tentatives qui jusqu’à présent n’ont eu d’autre effet que de le renforcer, il faut l’accepter comme une réalité, il faut l’occuper et le réguler. C’est finalement ce qu’on a fait avec l’alcool et le tabac.
La drogue est avant tout un problème de santé et il faut l’appréhender en tant que tel. Certes, ce changement d’orientation fondamental de la politique de la drogue n’est pas facile et n’est pas sans risque; des erreurs seront inévitables. Des expériences intéressantes sont en cours et les désastres que l’on nous a annoncés ne se sont pas produits. Comme l’a bien dit récemment un chercheur français, l’ampleur de la catastrophe actuelle est telle que le risque de faire pire est très faible.
En fait, il ne s’agit ni d’imaginer ni de réaliser une société sans drogue, celle-ci n’a jamais existé. Le véritable défi est d’accepter l’existence des drogues et d’apprendre à vivre avec. La régulation du marché – avec le contrôle de la production et de la distribution en tenant compte de la dangerosité des substances – permettrait de diminuer sensiblement les profits des narcotrafiquants. Mais cela contribuerait également à diminuer fortement les risques pour les consommateurs puisque, par exemple, la plupart des morts dues à la consommation de drogues ne sont en fait pas provoqués directement par la substance, mais par le fait qu’elle est frelatée.
Les ressources financières que l’on économiserait dans le domaine de la répression et du système pénitentiaire permettraient d’intervenir avec plus d’efficacité sur la demande. Non plus avec le gendarme et la prison, mais avec une action de prévention cohérente.
Persister sur la voie actuelle serait en revanche reconnaître la victoire du crime organisé et lui assurer un avenir confortable. Le marché illégal de la drogue continuera à être florissant et à être présent partout, dans tous les milieux, même dans les structures les plus fermées et les mieux surveillées. Les narcodollars, comme évoqué plus haut, alimentent une corruption économique et morale aux plus hauts niveaux. Cette corruption est à mon avis la menace la plus grave pour nos démocraties. Oui, plus grave que le terrorisme.
Extraits d’une conférence publique donnée à l’Université de Genève par Dick Marty.
Celui qu’on appelait « Le Baron » vit aujourd’hui modestement à Aix. Il sort un livre sur sa vie hors normes./ Photo Serge MERCIER
Sur sa carrière de voyou, on peut tout demander à Bernard André. La seule chose qu’il tait : son âge. « Pas important… », règle-t-il avec un sourire et un revers de main, presque sans se dérober. Disons alors que celui qui était le Baron, redevenu Bernard André en même temps qu’a fondu son pactole, porte encore beau et promène son mètre 80 aussi élégamment qu’il se raconte. Raconter : voilà ce qui a décidé l’un de ceux qui écrivent leurs derniers chapitres dans la discrétion, à s’exposer et jouer une ultime fois avec la lumière que les projecteurs ne braquent plus sur lui. Voilà 315 pages de la vie du Baron : Itinéraire d’un voyou gâté : flambeur, racketteur, braqueur, cambrioleur, contrebandier. Rien que ça.
Bon, disons-le tout net : si l’on imaginait (ou espérait) une volonté rédemptrice dans cet ouvrage, on se met le doigt dans l’oeil. Jusqu’au coude. « Pas de regret, mais envie de raconter la vie que j’ai menée. J’ai eu beaucoup de chance ». Une sacrée baraka, même, jusqu’à frôler l’insolence souvent, la prison toujours, la mort parfois.
Michel Martin-Roland, l’auteur qui a été le complice de Bernard André pour raconter dans ce livre la vie du Baron, le dit tout net : « Je n’ai aucune fascination pour les voyous, mais quand j’ai pris connaissance de cette vie peu ordinaire, du parcours de cet homme et de ce qu’il avait déjà écrit, j’ai eu envie de participer à ça« .
Alors le livre « L’Itinéraire d’un voyou gâté, flambeur, racketteur, braqueur, cambrioleur, contrebandier » vient de sortir aux éditions de l’Opportun, 19€.
« La naïveté qui domine dès que l’on parle de légaliser les drogues sans préciser lesquelles, ni la forme que prendrait cette légalisation, pourrait être contre-productive », estime un universitaire colombien.
« La prohibition n’a fait que plonger les pays producteurs dans un bain de sang et dans les horreurs de la corruption… La guerre contre la drogue a échoué puisqu’on continue à en consommer… C’est le problème des gringos, pas le nôtre… Chacun a le droit de faire ce qu’il veut de son propre corps…” Tels sont les arguments progressistes, nationalistes et relativement en vogue qui courent aujourd’hui sur les lèvres des chefs d’Etat, des analystes et des citoyens lambda appelant à la “légalisation des drogues”. Mais “légaliser les drogues” est une idée si floue qu’elle pourrait ne mener nulle part. Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne, pas plus lors des sommets présidentiels que dans le débat qui s’amplifie ces derniers temps, ne s’est attaché à éclaircir trois “détails” pourtant essentiels.
A commencer par la nature exacte de ces “drogues” dont on parle. La liste des substances chimiques altérant le comportement, la perception, le jugement ou les émotions est plutôt longue et assez controversée. Et la liste desdits stupéfiants à laquelle nous nous référons aujourd’hui répond à une classification arbitraire : dans les pays occidentaux sont licites l’alcool, le tabac, les stimulants mineurs et d’autres produits pharmaceutiques (comme la méthadone), ces derniers uniquement sur prescription médicale. Tous les autres stupéfiants, et en particulier ceux qui engendrent une addiction, sont illicites selon les conventions internationales.
Mais chacune des substances actuellement interdites produit (ou paraît produire, car cet aspect-là aussi est controversé) des effets différents sur la santé physique et mentale, s’adresse (ou semble s’adresser) à des consommateurs différents et provient (ou non) de pays différents. De ce fait, légaliser le cannabis, la cocaïne, l’opium ou les amphétamines représente des démarches totalement différentes.
Deuxième “détail” fondamental : il faut préciser la phase du processus dont on parle. Dans le cas des substances d’origine végétale (qui sont le cœur du problème en Amérique latine), il faut distinguer la culture de la coca et du pavot (et, pour le Mexique, celle du cannabis) de la production et de l’exportation de cocaïne et d’héroïne, faire la différence entre vente de drogue et consommation, et distinguer encore le trafic de produits précurseurs [servant à la fabrication des drogues, en amont] et les activités de blanchiment.
Dans le débat actuel, s’agit-il de légaliser la consommation, la production, la vente, la culture, etc. ? Ce n’est pas la même chose que les Etats-Unis autorisent la consommation de cocaïne ou que les cultivateurs du Putumayo [département colombien, dans le sud-ouest du pays] puissent vendre librement leurs récoltes [de feuilles de coca].
Troisième point : l’idée de “légalisation” recouvre des champs très différents : s’agit-il de mettre en place un marché libre ou, à l’inverse, d’instaurer un monopole d’Etat ? Est-il question de supprimer les peines d’emprisonnement pour les remplacer par des thérapies ? D’arrêter les campagnes de fumigation [épandage aérien d’herbicide pour tuer les cultures] au profit de programmes de développement rural ? D’autoriser les médecins à prescrire ? De créer des lieux de ventes réservés ? Bref, de quoi parlons-nous ?
Face à tant de flou, les prohibitionnistes resserrent les rangs autour d’une idée simple : mieux vaut ne rien changer du tout. Et, pendant que le président [de la Colombie], Juan Manuel Santos, évoque timidement l’idée d’“étudier des scénarios” ou que les sorties des présidents Evo Morales [en Bolivie] et Otto Pérez Molina au Guatemala [qui prônent tous deux un changement de politique] sont présentées comme de simples “pantalonnades”, la quasi-totalité des membres de l’ONU (Colombie comprise) s’en tiennent au régime orthodoxe en vigueur.
Dans ce paysage pétrifié, on ne discerne guère que deux ébauches de changement possibles. D’une part, une dépénalisation de la consommation et, éventuellement, des petites cultures de cannabis à usage personnel aux Etats-Unis (comme cela a été proposé en Alaska, au Nevada, dans l’Etat de Washington, dans l’Oregon et, de façon plus notoire, en Californie), voire aussi en Europe. D’autre part, l’extension des programmes de traitement médical et de réduction des risques pour les toxicomanes, comme l’ont fait les Pays-Bas (coffee shops à Amsterdam, délivrance médicale d’héroïne, distribution gratuite de seringues pour lutter contre le sida, etc.).
Ces mesures pourraient peut-être améliorer les choses pour les pays consommateurs – et pour les consommateurs colombiens aussi. Mais elles ne changeraient rien au principal problème de l’Amérique latine : l’exportation de cocaïne et le dilemme tragique entre violence et paralysie de l’Etat qui nous voue à la destruction. Pis, la libéralisation de la drogue aux Etats-Unis ou en Europe risquerait bien d’entraîner une augmentation des exportations latino-américaines, et notre dilemme se ferait plus cruel encore. J’ai donc un message pour les progressistes qui dans notre pays réclament la “légalisation des drogues” : attention au retour de boomerang.
Note :* Philosophe, économiste, avocat et sociologue, très impliqué dans la vie politique et intellectuelle de la Colombie, directeur de la revue en ligne Razón Pública.
La France et le Maroc ont annoncé la reprise de leur coopération judiciaire suspendue par Rabat il y a près d’un an. La mesure intervenait en représailles à la convocation par la justice française du chef du renseignement marocain, Abdellatif Hammouchi, en février 2014, pour des faits présumés de torture. Le gel de la coopération a entrainé le blocage de nombreux dossiers judiciaires entre la France et le Maroc, avec des conséquences non négligeables pour les binationaux, et les quelque 60 000 Français résidant dans le royaume.
Conséquence, en matière pénale tout d’abord, les extraditions de prisonniers sont gelées depuis près d’un an. Une dizaine de détenus français avait d’ailleurs observé une grève de la faim cet été, pour…
La Douane française renouvelle ses moyens navals avec de nouvelles unités. En plus du patrouilleur hauturier de 55 mètres dont la livraison est prévue en mars, l’administration a de nouveau passé commande au chantier Socarenam.
Cette fois, il s’agit d’une unité de 32 mètres. Le contrat, notifié fin 2014, comprend une option pour un sistership, la tête de série devant être livrée à la fin du premier semestre 2016.
Nouveau succès pour Socarenam dans le domaine militaire. Le constructeur boulonnais a remporté la commande des deux nouveaux patrouilleurs français qui seront basés en Guyane. Connus sous le nom de PLG, ces bâtiments verront leurs coques et superstructures réalisées par le chantier Socarenam de Saint-Malo, le site de Boulogne-sur-Mer se chargeant de leur armement et des essais. Les livraisons sont prévues fin 2016 et à l’été 2017.
When financial pressures escalate, Marc Duval (Gilles Lellouche), a Frenchman expatriated to Gibraltar, becomes a spy for French customs on the nation s border.
Navigating through debase trafficking and shady cargo, he slowly wins the confidence of Claudio Lanfredi (Riccardo Scamarcio), a powerful but dangerous cocaine importer. As Duval becomes further immersed in both the perils and temptations of the drug trafficking underworld he is forced to live on a knife edge, where only his lies can keep him alive. But it is when English customs land to arrest Lanfredi that Duval must take the greatest risk of all, placing his family in the heights of jeopardy. Inspired by true events, the writer of Mesrine and A Prophet brings a hard-hitting, suspense thriller that will make you question the very borders of the land you call home…
« Les militaires maliens veulent reprendre leur place dans le business du trafic de drogue »
Par Mediapart
(image utilisée juste a titre d`illustration)
De notre envoyé spécial à Bamako.-
C’est un quartier moderne dans une ville ancienne, une zone triste dans une cité pleine de vie. De-ci, de-là, quelques structures de béton figées en pleine construction parmi des immeubles de verre flambant neufs. Le quartier d’ACI 2000 à Bamako, qui est sorti du sol, comme son nom l’indique, durant la première décennie du XXIe siècle, était censé refléter un Mali rayonnant et tourné vers l’avenir. Aujourd’hui, c’est une excroissance de la capitale, pseudo-moderne et invivable selon de nombreux habitants, remplie de projets inaboutis.
Inaboutis ?
Pas pour tout le monde car l’un des vilains secrets de l’édification de ce quartier est « qu’un certain nombre d’investisseurs, maliens ou étrangers, s’en sont servis pour blanchir de l’argent, quitte à laisser tomber les immeubles en cours de construction », explique Hamadou, un guide dogon qui a trouvé refuge en marge de l’ACI 2000 depuis que sa région natale n’attire plus les touristes qui craignent pour leur sécurité.
La crise malienne de 2012-2013, et les erreurs qui l’ont précédée, est multiforme : elle mêle l’usure des élites, l’aveuglement international, l’incompétence de l’armée nationale, le terrorisme islamique, l’effondrement de la Libye post-Kadhafi, le séparatisme touareg, etc. Mais l’un des aspects les moins évoqués, que l’on retrouve pourtant en toile de fond de tous les dysfonctionnements du Mali, touche à la question du trafic de drogue en Afrique de l’Ouest. En 2012, le Mali était devenu une plaque tournante du transit de stupéfiants entre l’Amérique du Sud et l’Europe, et tout semble indiquer qu’il l’est redevenu aujourd’hui, selon la plupart des experts.
« L’opération Serval en 2013 (l’intervention militaire française visant à libérer le nord du Mali de l’emprise des djihadistes –ndlr) a détourné les routes du trafic de drogue vers les pays voisins pendant environ un an, explique Pierre Lapaque, le représentant de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Mais aujourd’hui, les routes qui avaient été fermées en raison de la présence d’hélicoptères ou de patrouilles ont été rouvertes. » La principale différence est qu’auparavant, les trafiquants convoyaient un chargement d’une tonne, alors que désormais, ils préfèrent transporter dix fois 100 kilos « afin de ventiler les risques ».
L’histoire de la contrebande au Sahel n’est pas nouvelle puisqu’elle remonte aux VIIe et VIIIe siècles, et qu’il s’agit avant tout d’un « marché d’opportunité », comme disent les économistes.
Cigarettes, médicaments, migrants, armes…, tout transite par la bande sahélienne qui s’étend de la Mauritanie au Tchad. La drogue n’est qu’une marchandise parmi d’autres, sauf qu’elle est bien plus rentable (un multiple de 1 à 16 du producteur au consommateur, voir graphique ci-dessous), et que cette rentabilité démultiplie la corruption et la déstabilisation des États de la région, qui n’ont jamais été très solides.
Le Mali n’est que la dernière illustration de ce phénomène qui a pris de l’ampleur au début des années 2000. En 2009, l’exemple le plus emblématique, mais aussi le plus grossier, qui rivalise avec les histoires abracadabrantes de contrebande à la frontière américano-mexicaine, s’est déroulé près de la ville de Tarkint, non loin de Gao, au nord-est du Mali. C’est celui d’« Air Cocaïne », un Boeing 727 retrouvé incendié sur une piste de fortune en plein désert. Provenant du Venezuela, l’avion-cargo s’était posé sans encombre, mais n’avait pas pu redécoller. Il avait donc été brûlé par les équipes au sol, venues dans une noria de 4×4, qui avaient bien entendu pris soin de vider l’aéronef de son précieux contenu : plusieurs tonnes de cocaïne.
« “Air Cocaïne” était une époque de gros transbordements, bien plus risqués. Aujourd’hui, les trafiquants morcèlent leurs cargaisons », raconte Pierre Lapaque. Cela évite également la publicité inhérente à ce genre d’affaires. Car un Boeing 727 crashé au milieu du désert, ça attire les curieux et les soupçons de connivence au plus haut niveau de l’État malien – ce que sous-entendaient très clairement plusieurs câbles de l’ambassade américaine à Bamako, révélés par Wikileaks (comme celui-ci). « On ne fait pas atterrir un Boeing dans le désert sans un minimum de complicités locales, affirme le chercheur Georges Berghezan, du groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP).
« Quel meilleur marché que l’Afrique en expansion ? »
Selon de nombreuses sources concordantes, diplomatiques et universitaires, une partie des élites maliennes sous ATT touchaient les bénéfices du trafic de drogue transitant par le pays. « Les militaires, en particulier, ont beaucoup trempé dans le trafic : soit en fermant les yeux, soit, parfois, en protégeant des convois, estime un chargé de mission malien d’une grande ambassade occidentale. Mais il y a également des civils : ce sont eux qui, parfois, versent des pots-de-vin pour franchir les frontières, fournissent des véhicules, etc. Ce sont également eux qui blanchissent l’argent, soit via des projets de développement locaux plus ou moins bidons (constructions de routes ou de puits) soit via des achats de parcelles ou de biens immobiliers, comme à ACI 2000. »
Selon l’analyste de la Brookings Institution Vanda Felbab-Brown citée par l’association Stop The Drug War, « les élites locales détournent déjà les profits du bois, du pétrole ou des diamants. La drogue est juste une ressource supplémentaire pour s’enrichir. On dit beaucoup que le trafic de stupéfiants a provoqué la fragilité et l’instabilité des États ouest-africains, mais je pense qu’il a surtout envenimé les problèmes, il ne les a pas provoqués». L’effondrement de l’État malien, en 2012, et sa faiblesse actuelle ne peuvent être mis sur le compte du trafic de drogue. Mais il est évident que celui-ci joue un rôle non négligeable.
L’ONUDC estime le montant du trafic en Afrique de l’Ouest à environ un milliard de dollars (800 millions d’euros), dont à peu près 50 % sont blanchis dans la région. Cette somme excède le PNB de certaines nations, notamment celui de la Guinée-Bissau, un quasi narco-État, qui est le principal point d’entrée de la drogue dans la région. « Il y a un vrai risque d’impact sur le principe démocratique de ces pays et la gouvernance des États, s’alarme Pierre Lapaque, de l’ONUDC. Comment un petit fonctionnaire qui gagne quelques dizaines d’euros par mois peut-il résister à des pots-de-vin de plusieurs milliers d’euros ? »
La croissance du trafic dans toute l’Afrique de l’Ouest inquiète les autorités internationales, notamment parce qu’une partie de la drogue provenant de l’Amérique du Sud à destination de l’Europe reste désormais dans la région. Sur les 30 à 35 tonnes de cocaïne qui arrivent d’Amérique du Sud par bateau dans les ports de la région, ou par avion, des petits bi-moteurs qui atterrissent sur des pistes de brousse, environ 18 tonnes repartent en direction de l’Europe occidentale, par des voies terrestres qui remontent par le Mali, la Mauritanie, le Niger, l’Algérie, la Libye, le Tchad, le Soudan et l’Égypte. Le reste demeure sur place. « Une partie est stockée, afin de maintenir les stocks tendus et donc les prix, explique toujours Pierre Lapaque. Mais l’autre partie est vendue sur place, car les groupes criminels ont toujours besoin de nouveaux marchés. Or, quel meilleur marché que l’Afrique en expansion ? »
Au-delà de la cocaïne, qui reste chère, la vraie préoccupation concerne la méthamphétamine. Cette drogue est désormais produite dans la région (c’est la seule, avec le cannabis) à hauteur de 1 à 1,2 tonne, ce qui est beaucoup, sachant qu’il y a sept ou huit ans, aucune production n’existait encore. Même si elle est principalement exportée vers les marchés asiatiques, sa consommation se développe à grande vitesse en Afrique de l’Ouest en raison de son faible coût (selon l’ONUDC, un kilogramme, qui coûte 7 000 dollars à la sortie du laboratoire, se vend 15 000 dollars dans la région et 150 000 dollars au Japon !). Surtout, le plus inquiétant, est que les cartels criminels commencent à payer les intermédiaires en produit, à charge pour eux de le revendre. Cela obéit à la logique de création de marchés locaux, mais cela signifie que la drogue risque de devenir, en Afrique de l’Ouest, un problème.
« Les militaires maliens veulent reprendre leur place dans le business du trafic de drogue »