El ex Presidente colombiano Alvaro Uribe (2002-2010) ha sido uno de los más críticos respecto del proceso de paz con la guerrilla de las Farc que lleva adelante su sucesor, Juan Manuel Santos. En esta entrevista con La Tercera en el marco de un breve paso por Santiago para participar en las actividades por el aniversario 25 de Libertad y Desarrollo, Uribe repasa los logros de su gestión en la lucha contra los grupos armados y lanza duros dardos sobre las consecuencias que a su juicio tendría el acuerdo de paz con las Farc si se firma tal como está.

En Colombia, pero también en el resto de América Latina, hay muchas expectativas sobre el eventual acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno ¿Cree que se firmará a más tardar el 23 de marzo de 2016 como se anunció?

Es posible que firmen en cualquier momento. El problema no es la fecha de la firma, el problema es que una paz mal hecha lo que hace es aumentar la violencia, reproducirla. Como un diálogo sin condiciones, que lo que ha hecho en Colombia en estos años de negociaciones es aumentar el narcoterrorismo.

Usted expuso en sus “preocupaciones iniciales” una serie de observaciones sobre el acuerdo. Y en las últimas semanas la propia guerrilla ha realizado varias exigencias y advertencias. “Si la fecha (de la paz) es inamovible, el acuerdo (de justicia transicional) también lo debe ser”, han dicho. ¿Qué le parece usted este hecho?

La fecha no es lo esencial. Si vamos al acuerdo de justicia, esta semana expresé en el Congreso colombiano lo siguiente: nosotros pensamos que Colombia, por haber tenido una democracia respetable, no puede ser calificada como país en conflicto. En Colombia no hemos tenido una insurgencia civil armada contra una dictadura. Hemos tenido un grupo que empezó marxista-leninista en armas contra el Estado de Derecho y fue penetrado por el narcotráfico hasta convertirse en el primer cartel de cocaína del mundo. En aras de contribuir constructivamente hemos dicho, nosotros no aceptamos tratar esto como un conflicto interno, pero si necesitan tratarlo como tal para garantizar la paz, que lo traten como un conflicto unilateral. Esto es, si quieren darle a las Farc alcance de actor político, en aras de la paz, que se lo den y que, entonces, el tribunal de justicia que quieren crear y que suplantaría ilegalmente la Constitución colombiana, se le aplique solamente a las Farc. La sociedad colombiana no ha sido parte del conflicto sino víctima. La sociedad colombiana no tiene por qué ser juzgada por ese tribunal. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido actores del conflicto, sino fuerzas de la democracia al servicio del Estado de Derecho y de la ciudadanía en general. Por eso, tampoco, deben ser sometidas a ese tribunal. Además de todas las observaciones nuestras sobre el tema de justicia, nosotros creemos y, lo hicimos en nuestro gobierno, que el guerrillero raso no debe ir a la cárcel, el paramilitar raso no debe ir a la cárcel, desde que se cumpla con unas exigencias: verdad, reparación de víctimas, entrega de armas, etcétera. Pero pensamos que los cabecillas sí deben estar recluidos en condiciones carcelarias. Las tragedias de Colombia causadas por las Farc no puede decir que son menores que los ataques de Al Qaeda o del Estado Islámico.

La guerrilla rechazó el proyecto de plebiscito que impulsa el gobierno ¿Cómo observa usted una posible refrendación popular de los acuerdos de paz que se alcancen entre ambas partes? ¿Está de acuerdo en que el éxito del proceso de paz depende del resultado en las urnas?

Santos primero ofreció una refrendación con un referendo que exigiría, de acuerdo con la Ley, un umbral del 25% del censo electoral; el censo electoral colombiano es de 32 millones de personas. Ahora dice que el referendo no se puede y apela a un plebiscito que, de acuerdo con la Ley, necesitaría el 50% del censo electoral, pero ya lo rebajaron al 13%. Hoy en un tema tan importante como éste basta para aprobarlo que voten 4 millones 400 mil colombianos. De ahí se deriva que el Gobierno está cumpliendo la orientación castrista: hacer elecciones solamente cuando las pueda controlar. Pero, además, hay una serie de acuerdos con las Farc que serían suplantación de la Constitución que con un plebiscito no tendrían estabilidad jurídica. Entonces, aquí no hay refrendación que exige raciocinio, reflexión, discernimiento, aquí lo que hay es una pretensión de imposición por parte del gobierno, que es concordante con esto: ahora se está aprobando una Reforma Constitucional para que los acuerdos con las Farc puedan ser llevados a la Constitución por una vía exprés del Congreso, ordenado por Santos.

Usted ha sido una de las voces más críticas respecto del futuro acuerdo de paz. Durante su gestión usted consiguió logros muy importantes en la lucha contra las FARC ¿Cuál sería su camino para alcanzar la paz en Colombia?

Los logros nuestros no fueron solamente contra las Farc. Hubo una gran reducción de la criminalidad, se desmontaron los paramilitares, se redujo el narcotráfico a una cuarta parte, avanzaron de manera muy importante la economía y la confianza de inversión en Colombia y empezó una drástica caída de la pobreza. Eran tres políticas: seguridad con valores democráticos, inversión con solidaridad social y política social. No era la guerra, no era el fusil contra el diálogo, era la autoridad, la posibilidad de la desmovilización generosa. En efecto, se desmovilizaron 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros y acompañados por una política social, pero esa desmovilización era sin impunidad. De los guerrilleros desmovilizados todavía hay más de 320 en la cárcel y los 14 cabecillas paramilitares fueron extraditados. Si el Presidente Santos hubiera seguido la política de seguridad, de inversión y las políticas sociales como lo prometió, seguramente Colombia estaría en paz pero, muy probablemente, los cabecillas estarían refugiados en Caracas o en La Habana. ¿Qué pedimos nosotros? Que este diálogo no se debería haber adelantado sin un cese de actividades criminales por parte de las Farc con concentración en una zona y verificable. Seguramente se habría demorado más para empezar el diálogo, pero habría más confianza en el proceso.

¿Ve posible que en el futuro los ex guerrilleros se integren a la vida política colombiana o rechaza de manera tajante esta posibilidad?

De acuerdo con la Constitución colombiana de 1991, aquellos que incurrieron solamente en delitos políticos podrían ser elegidos, pero no los responsables de atrocidades. El Gobierno incluso hoy quiere llevar al delito político el narcotráfico y el secuestro, cuando el narcotráfico no ha sido en Colombia, en la realidad material, un delito político sino una fuente de terrorismo, y el secuestro tampoco ha sido un delito político sino un modo de tortura. Hay la tesis de que si pagan castigos, después de cumplir con esos castigos, podrían ser elegibles. Yo pregunto, ¿Entonces le van a aplicar también eso a los paramilitares?

¿Le reconoce algún logro al Presidente Juan Manuel Santos en los asuntos relacionados con las Farc?

Es amigo de ellos.

 ¿Qué tipo de proceso judicial deberían enfrentar los guerrilleros? Usted ha dicho que no cumplirán penas de cárcel según lo que se pactó en La Habana.

Esta semana dije en el Congreso que en aras de la paz nosotros aceptaríamos que aquellos que deben ir a la cárcel, que son los cabecillas, -como ya lo dije-, tengan, además de una sentencia reducida, -que lo hemos dicho y lo aplicamos en nuestro Gobierno-, no tengan que ser recluidos en una cárcel ordinaria sino que puedan estar en un área en la cual haya condiciones penitenciarias, por ejemplo, en un área agrícola pero con condiciones penitenciarias. La diferencia es que el gobierno de Santos cree que la intención de reparar a las víctimas sustituye el castigo. La reparación de las víctimas es una obligación moral, ética, si se quiere civil. Nuestra exigencia del castigo penal no es caprichosa porque Colombia está llena de ejemplos, de procesos que no han tenido castigo penal y lo que han hecho es reproducir violencias.

Las Farc, en días recientes, también propusieron crear zonas especiales, llamadas “Terrepaz”, sin la presencia de las FF.AA. para que habiten ex combatientes junto a sus familias. El gobierno ya lo rechazó ¿Qué opina usted sobre aquello?

Una cosa es una zona de concentración con vigilancia para confirmar la buena fe de las Farc de no volver a delinquir y otra cosa es la fractura del territorio nacional, entregándole los girones al dominio de un grupo terrorista.

¿De qué manera usted define o califica a las Farc?

¿Qué tengo que decir? Los hechos lo demuestran. Yo no los califico, califico sus hechos. Han sido el mayor cartel de tráfico de cocaína del mundo. Entre 1998 y 2003 fueron responsables de 1.794 secuestros.

¿Cómo ha afectado a Colombia el cierre de la frontera con Venezuela?

La economía colombiana venía sufriendo desde hace mucho rato. Yo creo que ya se había adaptado, reacomodado a las circunstancias de lo de Venezuela porque antes del cierre vino el colapso. Yo creo que ha afectado a la gente de frontera de uno y otro lado, familias divididas y a los venezolanos. Un venezolano que pasaba la frontera a trabajar en Colombia, con un día de salario ganaba el mismo ingreso para el cual requiere un mes de trabajo en Venezuela.

¿Cómo visualiza el futuro de la gestión de Nicolás Maduro tras las legislativas?

Yo creo que Nicolás Maduro ha administrado bien la herencia de Chávez porque recibió el fracaso, lealmente lo continuó y ha empeorado los resultados. La diferencia entre Chávez y Maduro fue que Chávez sembró el explosivo, a Maduro le explotó; Chávez tenía encanto, Maduro carece de encanto, pero es que Chávez tenía encanto con chequera y Maduro no tiene ni encanto ni chequera. Lo que se necesita es un gran apoyo democrático del mundo a la oposición de Venezuela.