La mayoría de encuestados declararon que el narcotráfico está aumentando, excepto en Colombia (34%), mientras se destacan las respuestas muy elevadas en Argentina (92%), Bolivia (87%), Costa Rica (86%), México (84%) y Chile (83%).
El barómetro del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión (OPODP) de la Fundación Asuntos del Sur, financiado por Open Society Foundations, viene estudiando la evolución de las percepciones sociales sobre esta temática desde 2012 y fue publicado este martes.
En esta ocasión el barómetro sondeó opiniones de 8.952 personas, incluyendo 3.872 jóvenes de entre 18 y 35 años, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y Uruguay.
Mientras casi la mitad de los entrevistados (49%) consideraron que el consumo de drogas debe abordarse como un derecho individual, la mayor adhesión se registró en Uruguay (68%), país que legalizó el mercado de marihuana en 2013, y las más bajas en Bolivia (30%) y El Salvador (31%).
Los que consideran que la producción de drogas debe despenalizarse o legalizarse (33%) llegan a 48% en México y a 43% en Colombia, los dos países más castigados por la violencia asociada al tráfico de drogas.
En este punto, las opiniones favorables a estas medidas cayeron respecto de la última encuesta en Argentina (de 20% a 16%), Bolivia (de 10% a 9%) y El Salvador (de 14% a 10%).
Aumento de la violencia
« En Argentina y El Salvador esto se explica por el aumento de la violencia y las muertes relacionadas al micro tráfico », dijo a Sputnik Nóvosti uno de los autores del estudio, José Carlos Campero Núñez, de la Fundación Friedrich Ebert de Bolivia.
« En Argentina la ‘ruta blanca’ (de la cocaína) desde Bolivia a Buenos Aires, pasando por (las provincias de) Corrientes y Santa Fe, dejó un rastro de sangre alarmante en los últimos dos años, lo que ha incidido en la percepción menos favorable de los jóvenes hacia medidas regulatorias de despenalización o legalización », opinó.
« Lo mismo en El Salvador, donde las pandillas han generado niveles de violencia alarmantes, y por lo tanto la opinión pública ha tenido una reacción contraria », indicó.
Sin embargo, estas tendencias « no necesariamente implican un aumento del apoyo al prohibicionismo » en esos dos países, observó el experto.
« La gente percibe que, más allá de la virulencia de las respuestas represivas, el acceso a las drogas y el narcotráfico son muy elevados » y por tanto, que la « lógica aplicada hasta ahora ha fracasado tanto en el control de la producción como en el control del consumo », indicó.
Bolivia, según Campero Núñez, constituye un caso diferente, « porque el consumo de drogas ilegales es muy bajo y no hay problemáticas de violencia derivada del narcotráfico estadísticamente relevantes », dijo.
« Pero Bolivia siempre ha sido, y sigue siendo en sus generaciones más jóvenes, altamente conservadora ante estos y otros que son en muchos otros países las banderas de la juventud, como el matrimonio igualitario, el respeto a los derechos de las personas con orientaciones sexuales diferentes o el aborto », describió Campero Núñez.
« Las drogas siempre han sido rechazadas en niveles mayores a 90% » en Bolivia, una « sociedad muy vinculada a la Iglesia Católica » y « sumamente conservadora ».
Como contrapartida, el respaldo a medidas despenalizadoras creció en México, Colombia y Chile.
Nuevos paradigmas
Campero Sánchez puntualizó que ese apoyo a « nuevos paradigmas » para enfrentar el narcotráfico « siempre ha sido en favor de regulaciones », que incluyen una « amplia gama de políticas » y no son necesariamente la legalización.
El estudio constató, además mayor respaldo al uso terapéutico de la marihuana que, medido en una escala de 1 a 10, creció de 5,74 a 6,52 en los últimos dos sondeos, y se concentra en tres países, Uruguay (7,21), Chile (7,94) y Colombia (7,30), donde la opinión pública parece acompañar reformas en este terreno.
En Uruguay, el consumo de cannabis es legal desde los años 70, y una ley de 2013 legalizó la cadena productiva bajo un régimen regulado.
« En Colombia es el alcalde de Bogotá que incorpora una política para designar ciertos lugares y momentos para que consumidores puedan hacer un uso legal de cannabis », dijo Campero Núñez.
Además, en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana « hay muy buena disposición del público en materia de políticas alternativas para enfrentar la producción de drogas ilegales », añadió.
« Y en Chile hay una propuesta de la alcaldía de Santiago de tener una parcela de producción de marihuana para la extracción de alcaloides que permitan su uso terapéutico en enfermos reumáticos y ciertos tipos de epilepsia », describió Campero Núñez.
Por otra parte, la mayoría de los encuestados en los nueve países consideraron más peligrosos el alcohol (8,9 de cada 10) y el tabaco (8,18 de cada 10) que la marihuana (7,79 cada 10).
Sin embargo, el modelo de regulación del cannabis adoptado en Uruguay perdió apoyo en todos los países respecto del año pasado, observó la encuesta, a pesar de que este es el país de la región cuya opinión pública vincula menos el consumo de marihuana con la delincuencia (54%) en comparación con la media regional (74%).
Hay un « pequeño desencanto con la velocidad para implementar las reformas », estimó Campero Sánchez, si bien hay que « entender que los cambios no se pueden aplicar en forma muy rápida », incluso por el tiempo que el ciclo vegetal requiere para « alcanzar la concentración del alcaloide que requiere la ley ».
Participaron de la encuesta el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos de Perú, el Centro de Estudios Cuantitativos de la Universidad de Santiago de Chile y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la colombiana Universidad de los Andes.
También colaboraron la fundación Friedrich Ebert de Bolivia, la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador, la consultora Balseiro Marketing de Uruguay y la Asociación Costarricense para Estudios e Intervención de Drogas. (Sputnik)
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