Aviseur International renseigne, sans complaisance, sur la problématique de la drogue, du narcotrafic, de la corruption et sur les politiques mises en œuvre par les différents Etats et les dérives que s'autorisent les fonctionnaires des administrations — aviseurinternational@proton.me — 33 (0) 6 84 30 31 81
Du travail pour la Celtic (Cellule d’études et de lutte contre les trafics illicites par conteneurs).
Un kilo del estupefaciente vale $1000 en el Perú y puede costar $45 mil en el Viejo Continente y $120 mil en Asia. Hay cuatro puntos de acopio en el país.
El 5 de diciembre de 2014, un contingente de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp), liderado por el mayor PNP Marco Tataje Salas, irrumpió en un depósito ubicado en Huachipa. El titular de la Primera Fiscalía Antidrogas del Callao, Juan Mendoza Abarca, supervisó de cerca el operativo.
La Policía arrestó a doce personas y confiscó dos toneladas de cocaína en ladrillos de soya bajo el sello del rostro del inca Atahualpa.
La droga tenía como destino el puerto de Le Havre, ubicado al noroeste de Francia.
Correo tuvo acceso a documentación detallada que demuestra que este destino forma parte de las nuevas rutas desde donde operan las mafias ligadas al narcotráfico a nivel mundial.
LOS DESTINOS. El panorama completo lo encabeza Europa, al recibir el 79% de nuestra producción de cocaína. Le siguen América del Norte, con un nivel de recepción del 9%; África, con un 5%; y finalmente Asia, con un 4% del total.
Los puertos son escogidos con precisión por los mercaderes peruanos de la droga, que actualmente prefieren operar para el Viejo Mundo y no para realidades problemáticas como la de México.
Bélgica, Holanda, España, Italia, Lituania y, por supuesto, Francia reúnen las condiciones para que la carga ilegal llegue a salvo y se venda como pan caliente.
Allí, “la merca” puede alcanzar un valor cercano a los $45 mil por kilo.
Justamente, el pasado 14 de mayo, 199 kilos de cocaína fueron hallados por la Guardia Civil Española en el puerto de Valencia, España, y según un comunicado de la Policía de ese país, su origen sería territorio peruano.
Pero hay precios más altos. La cocaína de alta pureza que es enviada desde el Perú hasta los países de África y Asia alcanza los $120 mil, si su destino son países como Jordania o China.
Solo en América Latina, el precio por kilo de cocaína en todos los países es por lo menos el doble que en el Perú.
Un ejemplo particular es Colombia, también productor, donde el precio no baja de $3600 por cada kilo de cocaína.
OTRO SISTEMA. Sin embargo, difícilmente existen en el Perú las mafias y cárteles de la droga de los que tanto se ha hablado desde que el denominado “narcoporsche” del prófugo Gerald Oropeza López fuera blanco de balas y granadas el 1 de abril en San Miguel.
“Aquí lo que existe son ‘combos’, con gente que se junta y se divide funciones, como el financiamiento y la logística”, explica el fiscal Mendoza, y agrega: “Todos ellos ahora comparten rutas y hasta contenedores”.
La inversión, no obstante, resulta casi nula comparada con las ganancias obtenidas. En el Perú, comprar 1 kilo de cocaína en la zona del Huallaga puede valer únicamente mil dólares.
Por eso es que, según la Policía, los grandes capos y barones de la droga ya no existen en el Perú.
“Casi todos son brókers, nada más. El mismo Gerald Oropeza sería un bróker. La imagen de ‘Tony Montana’, un mafioso que pelea por el control de las rutas de narcotráfico entre Cuba y Miami no puede estar más alejada de Oropeza”, señala Nicolás Zevallos, investigador principal del Laboratorio de Criminalidad Social de la PUCP.
Estos brókers no solo son expertos en acondicionar camiones y barcos para el traslado de la mercancía, sino también son especialistas en captar a gente en la que puedan delegar responsabilidades de mando.
Cifras de la Dirincri indicaron que en 2014 se detuvo a 22 peruanos y 84 extranjeros con algún tipo de pertenencia a estos “combos” del tráfico de drogas.
CRÉANME, POR FAVOR. El golpe en Huachipa fue parte de una investigación que llegó a procesar a Manuel Angulo Lescano, suboficial de primera de la Dirección de Inteligencia de la Policía.
Para las autoridades que organizaron la intervención, esa no fue ninguna sorpresa. Sabían que había elementos de inteligencia protegiendo el “negocio” conducido por el uruguayo Rubén Clemente Batalla. Y lo sabían por un informante muy particular.
Fuentes de la Policía indicaron que a fines de 2008 un hombre se acercó a la Fiscalía Antidrogas y les hizo una oferta que no pudieron rechazar.
“Créanme, por favor. Yo sé muchas cosas, pero déjenme tranquilo. Les diré todo lo que sé”, dijo el sujeto, que terminó convirtiéndose en un colaborador eficaz. Un convenio secreto fue firmado entonces en conjunto con la Procuraduría Antidrogas.
La fuente recordó cómo es que el informante los aleccionó sobre los distintos modos de cargar la droga y sus diversos destinos.
A partir de 2010, la Drug Enforcement Administration (DEA) entró en contacto con él. “Todos los grandes golpes que dio la Dirandro en colaboración con la DEA entre 2010 y 2014 fueron por los datos que él nos pasó”, agregó la fuente.
No es para menos. Dicho informante había sido uno de los peces gordos que movieron toneladas de droga por el puerto del Callao entre 1998 y 2008.
Pero los problemas no tardarían en llegar. “Un día nos dijo que le habían avisado de un pase grande, pero entre policías”, recuerda la fuente.
Los agentes de la DEA determinaron que la vida del colaborador corría peligro y decidieron llevarlo con su familia a Panamá, donde vive desde enero.
Valencia. La Guardia Civil española incautó de 199 kilos de cocaína en el puerto de Valencia (este), que se encontraba oculta en un contenedor procedente del Callao (Perú), informó este cuerpo de seguridad en un comunicado.
La droga se encontraba en cinco bolsas de viaje ocultas en un contenedor en el puerto valenciano que declaraba transportar cajas de pimientos, procedente del Callao (Perú) y con destino al puerto de Granada, en el sur de España.
Las bolsas contenían 199 pastillas rectangulares, envueltas en cinta americana, con un peso aproximado de 1 kilogramo cada una, cuyo valor se estima en cerca de 6’885.000 euros (unos 7’845.000 dólares al cambio actual), según las mismas fuentes.
La operación se realizó entre los días 7 y 13 de mayo.
Han colaborado puntualmente la Drug Enforcement Administration (DEA) de EE.UU, la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, la Guardia de Finanza de Italia, la Gendarmería Real Marroquí y la Dirección General de Aduanas Francesa (DNRED).
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La organización usaba contenedores de empresas importadoras legales para camuflar la droga y colarla en puertos españoles e italianos
Agentes de la Guardia Civil detienen a un presunto integrante de la red.
Un empresario de Castellón venido a menos por la crisis era el presunto cabecilla de la red de narcotráfico a la que la Guardia Civil ha intervenido 1.500 kilogramos de cocaína. Son 35 los detenidos como integrantes de la organización. Todos españoles, a excepción de un albanés, y algunos con antecedentes por tráfico de drogas. La Guardia Civil cree que el capo, de 42 años, casado y padre de dos hijos, había logrado montar un entramado de distribución por toda España, con gente estratégicamente ubicada en Latinoamérica y llegó a implicar a agentes portuarios españoles que facilitaban el acceso a los contenedores en los puertos a los que llegaba la droga procedente de Colombia. Utilizaban la técnica del gancho ciego, es decir, colaban los fardos de cocaína con la forma de bultos-mochila entre las mercancías que otras empresas —desconocedoras de los hechos— enviaban a España desde el país sudamericano. “Metían 100 o 200 kilos cada vez”, explican fuentes de la investigación. La han llamado operación PIKPAN II y ha sido realizada en varias fases en Galicia (dos detenidos), Madrid (once detenidos), Castilla la Mancha (cuatro detenidos), Valencia (once detenidos), Andalucía (cinco detenidos), Canarias (un detenido) y Francia (un detenido).
A lo largo de la investigación, iniciada en enero del año pasado, los agentes han realizado 14 registros domiciliarios en las provincias de Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña, Guadalajara, Madrid, Albacete, Castellón y Valencia, donde se han intervenido 23 vehículos, dos armas de fuego y munición, otras dos armas simuladas, máquinas para contar billetes, máquinas detectoras de billetes falsos, inhibidores de frecuencias, tres balanzas de precisión, dos máquinas plastificadoras, material electrónico e informático, nueve kilos de sustancias para adulterar la droga, documentación falsificada, 24.095 euros en efectivo, etc.
Los agentes se han incautado de diversa documentación, que una vez analizada, ha servido para demostrar la existencia de inmuebles, cuentas bancarias y un entramado de empresas, todo ello utilizado para blanquear los beneficios obtenidos del tráfico de estupefacientes.
La operación se inició a raíz de las sospechas Guardia Civil sobre una organización que podría estar dedicándose a introducir grandes partidas de cocaína en España y Europa procedente de Sudamérica.
Tras las primeras investigaciones los agentes detectaron que los responsables de la red realizaban frecuentes desplazamientos a Sudamérica para negociar con los carteles de esos países y adquirir la droga para su posterior envío a España.
La Guardia Civil detectó la existencia de una célula de negociadores o intermediarios bien relacionada con el mundo del narcotráfico, tanto en Sudamérica como en España y otros países de la Unión Europea.
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Panorámica aérea de la impresionante terminal del puerto de Algeciras
Esta célula, era la encargada de buscar compradores de la droga y de facilitar a los proveedores sudamericanos indicaciones sobre el puerto español por el que debían entrar los contenedores con la cocaína y los días óptimos para su llegada. Se han intervenido cuatro partidas de droga en el puerto de Valencia, dos en el de Algeciras, una en Tánger y otra en el puerto de Giogia Tauro de Calabria (Italia).
Un tercer grupo de personas tenía libre acceso a los recintos portuarios para encargarse de extraer la cocaína de los contenedores una vez que llegaban a puerto. “Abrían el precinto de los contenedores, sacaban la droga y volvían a cerrarlos con un precinto casi idéntico”, explican los agentes.
La organización pretendía introducir diversas partidas de cocaína en España y otros países, por lo que los agentes establecieron varios operativos en Francia, Marruecos, Italia y los puertos españoles de Valencia y Algeciras, donde se intervinieron en total 1.500 kilos de cocaína y se procedió a la detención de 15 personas.
Para introducir esta gran cantidad de droga, la red utilizó siete contenedores, cinco en España y dos en el extranjero, además de dos vehículos provistos de dobles fondos.
Posteriormente, con toda la información sobre las componentes de la organización y los domicilios, a mediados de marzo se inició la última fase del operativo, en la que se arrestó a otras veinte personas.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número tres de Teruel, ha sido llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Alicante y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, con el apoyo de otras unidades en las provincias en las que se ha llevado a cabo la operación.Además, en el extranjero, han colaborado puntualmente la Drug Enforcement Administration (DEA) de EE.UU, la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, la Guardia de Finanza de Italia, la Gendarmería Real Marroquí y la Dirección General de Aduanas Francesa.
SANTO DOMINGO República Dominicana.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) frustraron el envío de casi un kilo de cocaína a Nueva York y España, escondidos en una lata de guandules y en tóneres de tinta para impresoras, respectivamente, en dos casos que son investigados por la agencia antinarcóticos.
El portavoz de la DNCD, Darío Medrano, garantizó que todas las personas que resulten involucradas en esta modalidad del narcotráfico internacional serán apresadas y sometidas a la justicia, vía el Ministerio Público.
Los dos envíos fraudulentos fueron detectados en la sede del INSPODOM durante chequeos rutinarios que realizaban conjuntamente oficiales de la DNCD y un inspector del correo.
Posteriormente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó que se trataba 239.27 y 630 gramos de cocaína pura.
La primera cantidad, consistente en una sustancia pastosa, que resultó ser cocaína, estaba dentro de una lata de guandules con coco cubierta por copias de documentos dentro de una caja de cartón.
Este envío estaba destinado a una supuesta señora residente en el 89-0180 st. Queens, Nueva York, Estados Unidos, remitido por otra presunta mujer domiciliada en el sector Cerro de Papatín, de la ciudad de Santiago.
El segundo envío de los 630 gramos de un polvo blanco, que resultó ser cocaína, estaba dentro de 32 tóneres para tinta que fueron rellenados con la sustancia, los cuales eran enviados por un supuesto residente en el sector de Piantini, Distrito Nacional, a otra persona domiciliada en la calle Reclusa, sector Hospitalet de Hobregat, Barcelona, España.
Ambos casos son investigados por la DNCD para determinar el origen del envío de estas sustancias y determinar el grado de responsabilidad en cada caso y someter a la justicia a los responsables.
La Policia Nacional va aturar un cotxe a la Jonquera i va detenir tres homes que són a presó perquè duien 3 kg de droga
09.05.2015 | 10:36
El quilo de droga trobat al cotxe és el que està la bossa i la resta de glans són els que duien les mulesDDG
E.B | DIARI DE GIRONA
La Policia Nacional ha detingut tres homes per tràfic de drogues. Dos d’ells eren mules que, després de fer-los un reconeixement mèdic a l’hospital comarcal de Figueres, es va descobrir que portaven diversos cossos estranys dins del cos en forma de càpsula. En total, un d’ells va expulsar per la via rectal 66 embolcalls amb cocaïna i l’altre, 24. El pes dels 90 embolcalls de cocaïna expulsats pels detinguts va ser de dos quilos.
Els arrestats són dos homes naturals de Nigèria i un altre de Benín. Venien de València i anaven en direcció a França. Tots tres compten amb permís de residència a Espanya i van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Figueres. El jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional de tots ells a l’espera de judici.
Abans de la descoberta de les mules, els agents de la Policia Nacional havien aturat un vehicle amb el qual anaven els tres homes en un dels Dispositius Estàtics de Control contra la delinqüència itinerant que es realitzen a la Jonquera. Els fets es van produir dissabte en un control que els agents havien muntat a la sortida del peatge de l’autopista AP-7 en direcció cap a França.
Els agents van veure que un vehicle ocupat per tres individus s’acostava al dispositiu de control a gran velocitat i el van fer aturar. Un cop van immobilitzar el cotxe, els tres ocupants es van mostrar molt nerviosos i agressius.
I va ser durant l’escorcoll del cotxe que els policies van trobar una bossa de plàstic amagada sota el seient davanter dret. Van descobrir que a dins hi havia 2.780 euros i 38 embolcalls ovalats en forma de gla amb una substància de color blanc que va resultar ser cocaïna.
Arran d’això i en veure que la presència de la droga és la que fan servir moltes mules per introduir-la al país, els agents van traslladar els tres detinguts per tràfic de drogues cap a l’Hospital Comarcal de Figueres per fer-los un reconeixement mèdic i una exploració radiològica.
La sorpresa va ser que dos d’ells portaven a l’estómac uns cossos estranys en forma de càpsules. Degudament custodiats, els dos homes van expulsar via rectal 66 embolcalls amb cocaïna un d’ells i 24 l’altre. En total, portaven dins del seu cos 2 quilos de cocaïna.
Sumada a l’altra droga trobada al cotxe, els tres homes transportaven cap a França fins a tres quilos de cocaïna que, si hagués arribat al mercat negre, podria tenir un valor d’uns 230.000 euros.
Els agents de la Policia Nacional van posar a disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Figueres els tres detinguts. El jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional de tots ells a l’espera que se celebri el judici.
La Commission européenne a présenté aujourd’hui un programme européen en matière de sécurité pour la période 2015-2020, qui doit aider les États membres à coopérer contre les menaces qui pèsent sur la sécurité et donner plus de poids à notre action commune contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité. Ce programme expose les mesures et outils concrets auxquels recourront toutes les parties prenantes pour garantir la sécurité et affronter plus efficacement ces trois menaces particulièrement préoccupantes.
A la Une de l’heure du crime, les révélations d’un journaliste d’investigation sur un des plus grands secrets de la République…
Comme le secret est en train d’être éventé, on peut dire aussi qu’il s’agit d’un des grands tabous de la cinquième République : l’existence d’un groupe ultra secret de tueurs professionnels qui exerceraient, au nom de la France une sorte de droit de représailles de l’Etat, face à ses ennemis, par exemple les terroristes qui menacent depuis de longues années nos institutions…La décision de créer ce groupe au sein du service action de la DGSE aurait été prise après l’affaire du Rainbow Warrior, au milieu des années 80. Les Présidents de la République qui ont succédé à François Mitterrand ont toujours nié officiellement l’existence de ce groupe, baptisé « Alpha » dont certains membres ont accepté de parler à mon invité, Vincent Nouzille qui publie son enquête dans un livre qui vient de paraître aux éditions Fayard.
Avec lui, nous allons revenir sur cette guerre de l’ombre dont les échecs ou les victoires ne sont jamais officiellement revendiqués..
Vincent Nouzille a passé trois ans à recueillir les témoignages d’anciens ou d’actuels membres des services de renseignements français. Il en sort un ouvrage époustouflant, où la réalité semble parfois dépasser la fiction.
C’est en 2002 qu’un événement lui met la puce à l’oreille : deux agents de la DGSE sont arrêtés en Espagne, alors qu’ils transportaient des faux passeports et un vrai arsenal de guerre… Ces agents, bien plus secrets que des agents secrets, faisaient partie de la « Cellule alpha »… Une appellation que le journaliste a tenté de comprendre, et de mettre à jour. Une cellule constituée d’une dizaine d’électrons libres, capables de mener des doubles vies sans éveiller l’attention, et de tuer sans poser de questions. Ce dispositif, créé sous Mitterrand, a été utilisé par tous les présidents depuis.
A commencer par François Hollande…
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En 2002, la France faisait libérer des espions arrêtés en Catalogne. Ils n’ont jamais comparu.
«Disparition de l’Officier traitant et de son agent.» Durant quelques heures, en avril 2002, le général Philippe Rondot a bien cru avoir perdu toute trace de deux agents de la DGSE en Espagne. C’était très ennuyeux parce qu’ils étaient partis pour un «exercice Alpha», et dans les notes de Rondot, le code «Alpha» désignait les équipes préparées aux opérations «Homo» (lire ci-contre), c’est-à-dire aux assassinats ciblés. Mystérieux exercice. Les agents «disparus» étaient en réalité sous les verrous. Et le général s’est chargé de régler l’épineux dossier jusqu’à leur libération six mois plus tard.
En prenant, comme toujours, des notes.
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En Espagne, c’est une nouvelle «affaire Rondot». La révélation par Libération, samedi, des notes du général Philippe Rondot sur sa mission secrète auprès de deux agents de la DGSE incarcérés à Barcelone en 2002 a réveillé un dossier judiciaire abandonné par les autorités.
Les deux hommes avaient été interpellés, lourdement armés, en avril 2002, dans une ville voisine de Barcelone. Ils sont restés écroués durant six mois jusqu’à ce que le général Rondot vienne, lui-même, se porter garant. Sortis de prison, ils ont totalement disparu, sans comparaître à leur procès.
Le Periódico de Catalunya a révélé, hier, photos à l’appui, l’identité des deux agents qui figureraient toujours sur le fichier des personnes recherchées par Interpol. Christian Piazzole et Richard Pérez sont vraisemblablement des «alias» inscrits sur de «vrais faux» passeports.*
Selon les notes de Philippe Rondot, ces agents se livraient à un «exercice Alpha», «Alpha» étant le nom de code des équipes préparées aux homicides, au sein du service action de la DGSE. Conseiller du ministre de la Défense au moment des faits, Alain Richard, puis de Michèle Alliot-Marie lorsqu’il se rend à Barcelone, le général relève, peu avant le procès des agents en 2004, que la justice espagnole ne croit pas à la version française : «Les armes étaient réelles, et l’agent ne savait pas que c’était un exercice», note Rondot. Les armes saisies sont, selon la presse espagnole qui en publie les photos, de type «Chacal» ou «sicario». C’est un équipement de tueur à gage : une arme de guerre démontable avec viseur télescopique, plusieurs pistolets, des silencieux, et un dispositif GPS…
A Barcelone, le général Rondot a été introduit auprès du procureur général par le responsable de l’unité antiterroriste de la Guardia Civil. Mais la presse catalane évoquait, hier, l’intervention de l’ex-ministre de l’Intérieur espagnol Mariano Rajoy, actuel président du Parti populaire (PP). Des «pressions» confirmées par l’ancien conseiller à l’Intérieur du gouvernement catalan Xavier Pomés. En France, c’est Michèle Alliot-Marie, l’actuelle garde des Sceaux, qui, selon les notes de Rondot, était à la manœuvre pour sortir les agents en leur évitant de s’expliquer devant la justice.
Alain Richard et l’ancien Premier ministre Lionel Jospin ont démenti avoir «envisagé ou encouragé» des projets «d’assassinats ciblés» après le 11 septembre 2001, comme l’avait noté Rondot.
El general Rondot, un superespía francés, organizó la desaparición de dos de sus agentes, detenidos con armas de guerra en Manresa, para evitar su captura y juicio en España
Los Mossos d’Esquadra detuvieron en abril de 2002 en Barcelona a un marsellés con un rifle de mira telescópica y una pistola. Unas horas después arrestaron a otro hombre relacionado con él. Ambos trabajaban para los servicios de espionaje franceses. Su jefe era el general Philippe Rondot, famoso por haber capturado en 1994 al terrorista Chacal. Rondot y el Gobierno engañaron a la Fiscalía para lograr la liberación de los agentes, a la vez que un general francés aprovechó el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre de 2002 en Madrid para conversar con miembros del Ejecutivo español e interceder por los detenidos. Seis días después, y fruto de esas presiones, ambos fueron excarcelados y jamás acudieron al juicio.
Le procureur a requis des peines de douze à dix-huit ans de prison pour achat, importation et tentative d’écoulement de 117 kilos de cocaïne. La défense invoque un coup monté par les policiers français.
ETRANGE procès en vérité que celui qui vient de se tenir dans les locaux du tribunal de Grasse, et dont le verdict a été mis en délibéré jeudi soir. Les personnes jugées l’étaient, selon l’acte d’accusation, pour achat, importation et tentative d’écoulement de stupéfiants. Le trafic portait sur 117 kilos de cocaïne. La France, et plus particulièrement la Côte d’Azur, n’étant qu’un lieu de transit avant l’acheminement vers l’Italie.
Des faits assez graves pour que le procureur de la République, Jean-Luc Cabaussel, requière des peines allant de douze à dix-huit ans d’emprisonnement, avec ce petit commentaire qui résume bien l’atmosphère: «Je suis toujours très satisfait de requérir face à des malfrats.»
Une phrase qui n’était pas gratuite.
Depuis l’ouverture des débats, quelque chose semblait gripper la machine judiciaire. Plus exactement, un rapport établi par un commissaire suisse, Fausto Cattaneo, en partie corroboré par le numéro deux de la section antidrogue de l’office du procureur de la Confédération helvétique, Jacques-André Kaeslin.
Les deux hommes, dans deux notes séparées et officielles, soulignent les pratiques des services français et plus particulièrement de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCTRIS). Des révélations de taille comme celle lue par le procureur lui-même, à propos de la drogue saisie, qui «proviendrait des stocks de Marco Cavallero, numéro deux de la police fédérale des stupéfiants du Brésil, et aurait été importée, livrée et vendue par des informateurs».
Le procureur n’a pas soutenu la demande de supplément d’informations exigée par les avocats de la défense. «Ce serait énorme», dit-il: «Ce rapport, c’est un jet d’encre craché par un mollusque marin avant qu’il ne tombe dans l’épuisette.»
Que les accusés ne soient pas des enfants de choeur, ou plutôt de «Marie», selon les termes d’un défenseur, personne ne semblait le nier, sauf peut-être ceux qui attendent de connaître leur sort.
Selon Interpol, deux d’entre eux, Vittorio Ceretta et Stefano Fasanotti, seraient membres de la N’Dranghetta calabraise et un troisième larron, Renato Macri, appartiendrait à une organisation mafieuse dans le Piémont. Sergio Bonacina n’est pas non plus un inconnu pour les stups de différents pays et son épouse Drissia vivait auparavant avec un «mauvais garçon» en cheville avec des trafiquants basés en Amérique latine.
Mais l’audition de plusieurs policiers en qualité de témoins et notamment de Mario Le Corff, commissaire principal à l’Office central des stupéfiants, devait jeter le trouble.
A l’écoute de ces fonctionnaires, on avait une sensation de non-dit. Comme si certaines pratiques n’avaient pas à être évoquées. Comme si, la fin justifiant les moyens, seules importaient les «prises» record de drogue. Qui étaient les Sud-Américains, fournisseurs repérés dans cette affaire, jamais arrêtés ni photographiés de face contrairement aux autres protagonistes?
Je ne sais pas, répondait Le Corff, qui répétait devant le tribunal que dans cette procédure, aucun indicateur n’avait été utilisé. Mais selon Fausto Cattaneo (absent à l’audience), il s’agirait d’informateurs et il donne leurs noms. Mais le procureur, une fois de plus, s’est refusé à en tenir compte, ne serait-ce que pour que la lumière soit faite. «Ce rapport ne vient pas du ciel mais de l’enfer dans lequel se morfond Fausto Cattaneo.»
Les défenseurs avaient alors beau jeu de demander dans leurs plaidoiries si «l’efficacité de la répression permet tout», si la justice «allait servir le droit ou la pyromanie policière» ou encore de dénoncer «le mur de l’Etat policier».
Au mois de février déjà, à Marseille, dans un procès portant sur une saisie de 5 tonnes de hasch, les avocats des prévenus avaient invoqué un coup monté par l’OCTRIS… Ni la justice ni la police n’auraient à gagner à couvrir de tels agissements. Car si quelques «mules» tombent grâce à ces stratagèmes, ils n’ont pas d’effet sur les cartels qui continuent de proliférer tandis que les narcodollars pénètrent toujours plus l’économie mondiale.
C’est dire si le verdict du tribunal de Grasse, prévu pour le 24 mai, est attendu. Avec crainte ou espoir, c’est selon…
British billionaire, Virgin Galactic founder and fame-seeking celebrity Sir Richard Branson suggested the Ukrainian government legalize drugs, according to The Insider.
The world has been combating drugs for more than 50 years, and Ukraine has one of the worst records in this battle, the entrepreneur told the students of a Kiev university on Friday.
SAN ANTONIO, TEXAS – El cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, uno de los asesores del Papa Francisco, visitó la ciudad del Alamo y dos centros de detención de inmigrantes de Texas.
“Guatemala, El Salvador, Honduras, donde tanto las situaciones de violencia como las situaciones de pobreza han motivado este éxodo masivo de personas”, dijo el cardenal hondureño en conferencia de prensa sobre la crisis humanitaria que se vivió el verano del 2014 en la frontera de Estados Unidos y México.
Este lunes por la mañana, el cardenal visitó dos centros de detención de inmigrantes, acompañado del arzobispo de San Antonio Gustavo García-Siller, donde habló con menores en espera de ser reunidos con sus padres, informa el portal Telemundo 47
“Hay un secreto pero a voces, [del] que nadie quiere hablar y todo mundo lo sabe. El dinero del tráfico de la droga no está en América Latina, el dinero está en los bancos de este país (Estados Unidos) y en bancos de Europa”, continuó diciendo el cardenal sobre las problemáticas entre Latinoamérica y Estados Unidos.
Pero el cardenal no era ningún extraño para los líderes religiosos de San Antonio, pues la arquidiócesis de la ciudad se unió a la de Tegucigalpa, Honduras, en un esfuerzo por ayudar a las víctimas del huracán Mitch que destruyó gran parte de ese país en 1999.
El cardenal Rodríguez Maradiaga regresó a San Antonio con el propósito de llevarle un mensaje al Santo Pontífice sobre las realidades del mundo previo a su viaje a Estados unidos este otoño y para ayudarlo a reformar la iglesia católica.
The Drug Enforcement Administration has been buying spyware produced by the controversial Italian surveillance tech company Hacking Team since 2012, Motherboard has learned.
The software, known as Remote Control System or “RCS,” is capable of intercepting phone calls, texts, and social media messages, and can surreptitiously turn on a user’s webcam and microphone as well as collect passwords.
The DEA originally placed an order for the software in August of 2012, according to both public records and sources with knowledge of the deal.
The contract, which has not been previously revealed, shows that the FBI is not the only US government agency engaged in hacking tactics, but that the DEA has also been purchasing off-the-shelf malware that could be used to spy on suspected criminals.
This revelation comes just a week after USA Today uncovered a secret program with which the DEA collected the phone records of millions of Americans for more than 20 years, a program that pre-dated and inspired the NSA’s own bulk telephone collection program, suggesting that the drug agency is sort of a pioneer in the use of surveillance.
Surveillance tech experts say the DEA’s relation with Hacking Team is further proof that methods and tools once only reserved for the military, intelligence agencies and even cybercriminals—such as drones and StingRays—are becoming commonplace in law enforcement as well.
“Hacking software is yet another example of a technology created for the intelligence community that has secretly trickled down to law enforcement.”
“Hacking software is yet another example of a technology created for the intelligence community that has secretly trickled down to law enforcement,” Christopher Soghoian, the principal technologist at the American Civil Liberties Union and an expert of surveillance technology, told Motherboard.
And given the how powerful this spyware can be, Soghoian added, “we need a public debate over this invasive surveillance technology.”
THE PAPER TRAIL
The contract, according to public records, was signed on August 20, 2012 for a total value of $2.4 million between the DEA’s Office of Investigative Technology and a government contractor named Cicom USA.
The records were uncovered by Motherboard and Privacy International, a London-based digital rights group, in independent investigations.
The contract, which records show is slated to be completed in August of 2015, is identified only as “Remote Controlled Host Based Interception System.”
That system, according to sources, is none other than Hacking Team’s Remote Control System, also known as Galileo, which the company markets as “the hacking suite for governmental interception.”
“You cannot stop your targets from moving. How can you keep chasing them? What you need is a way to bypass encryption, collect relevant data out of any device, and keep monitoring your targets wherever they are, even outside your monitoring domain. Remote Control System does exactly that,” a company brochure boasts.
Cicom USA, Motherboard has learned, was simply a reseller for Hacking Team, a spyware-maker that’s been accused of selling its products to some governments with questionable human rights records. Some of those governments, such as Ethiopia, the United Arab Emirates, or Morocco, used Hacking Team’s software to target dissidents and journalists.
In light of those incidents, which were uncovered by researchers at the Citizen Lab at the University of Toronto’s Munk School of Global Affairs, the company was included in a blacklist of corporate “Enemies of the Internet” by Reporters Without Borders.
Despite speculation based on the fact that Hacking Team has an office in the US, there’s never been any evidence that the company had sold its products on American soil, even though CEO David Vincenzetti boasted of having clients in more than 40 countries, including the US, in a 2011 interview with Italian newsmagazine L’Espresso.
The connection between Cicom USA and Hacking Team was confirmed to Motherboard by multiple sources with knowledge of the deal, who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to discuss the content of the contract.
Eric Rabe, a spokesperson for Hacking Team, did not confirm nor deny the existence of the contract with the DEA.
“We don’t identify our clients. I’m certainly not going to comment whether the DEA or anyone else has purchased Hacking Team software.”
“We don’t identify our clients. I’m certainly not going to comment whether the DEA or anyone else has purchased Hacking Team software,” he told Motherboard in a phone interview. And for the same reason, he added, he declined to clarify what was the relationship between Hacking Team and Cicom USA.
Alex Velasco, Cicom USA’s general manager, did not answer Motherboard’s request for comment.
But the connection between the two companies is clear. Cicom USA is based in Annapolis, MD, at the same exact address where Hacking Team’s US office is located, according to the company’s website. The phone number for Cicom USA listed in the contract with the DEA, moreover, is exactly the same one that was displayed on Hacking Team’s website until February of this year.
When asked whether this was just a coincidence, Rabe laughed.
“I don’t know about why that would be a coincidence,” he said, but declined to elaborate.
It’s unclear what the DEA has been doing with Hacking Team’s malware. But the relationship between the agency and Cicom USA—and thus, Hacking Team—appears to be ongoing. The most recent public record shows a payment from the DEA to Cicom USA made in September of 2014.
A spokesperson for the DEA did not respond to a series of specific questions on the contract and how the DEA is using this technology. Thomas L. Walden, the section chief of the DEA Office of Investigative Technology, also did not respond to a message requesting comment.
Hacking Team’s RCS software can be surreptitiously installed on a target’s computer or cellphone and monitor all activity, allowing police officers to spy on data that might otherwise be encrypted and out of their reach.
Software like this isn’t sold only by Hacking Team. The Italian company is just one of an ever-growing group of surveillance tech companies that market their products exclusively to governments, police departments, and spy agencies, such as the French VUPEN, or the German FinFisher and its parent company Gamma International.
This is exactly the kind of software that the DEA was looking for, according to an official call for tender or “request for Information” published by the agency in March, 2012.
“The DEA is seeking information from potential sources with a fully functional and operational product proven to be capable of providing a Remote Control Host Based Interception System for device or target specific collection pursuant to authorized law enforcement use,” the document reads.
Roughly a month later, on May 4, 2012. The DEA had what it was looking for. In another document, the agency announced that it was going to “solicit and negotiate” a contract with Cicom USA for the duration of at least four years.
Cicom USA, according to the DEA, emerged as the only company capable of providing the service required, based on market research conducted internally by the agency. The DEA did not respond to questions regarding this research.
It’s possible the DEA picked Cicom USA because the US Army had done the same a year prior. According to public records, the Army made a purchase order for a Remote Control System on March 2011. The order shows that the Army was supposed to pay $350,000 for the software, and further confirms Cicom USA’s connection with Hacking Team, given that Italy is listed as the country of origin of the product. (The Army did not respond to Motherboard’s questions regarding the contract.)
IS IT LEGAL FOR LAW ENFORCEMENT TO HACK TARGETS?
For surveillance experts, the big question is whether the DEA actually has legal authority to use spyware such as Hacking Team’s—and how, exactly, it is used. A DEA spokesperson said that the agency “always abides by the laws of the jurisdictions within which it operates.”
And added that “however, in this case, this is off-the-shelf technology, legally available for purchase by all and used throughout the world by many organizations.”
But experts are not convinced.
“The legal framework governing the use of such tools in the US is extremely unclear, meaning that the use of Hacking Team’s spyware is potentially unlawful,” Edin Omanovic, a researcher at Privacy International, told Motherboard.
“The use of Hacking Team’s spyware is potentially unlawful.”
The FBI is the only other US law enforcement agency that has been reported to use malware. The bureau has been using it since at least 2001 when FBI’s spyware Magic Lantern was revealed. But the precise legal authority, as well as the process that FBI agents use to get authorization, is still unclear, and very few cases where the bureau used malware have actually come to light.
In 2011, internal emails obtained by the Electronic Frontier Foundation revealed that in some past instances, FBI agents considered using malware known as « Computer and Internet Protocol Address Verifier » (CIPAV) without getting a warrant, or in other cases, hid key details on what the technology actually entailed in order to increase the chances the judge would approve it.
In any case, the bureau, after consulting with the Office of General Counsel and the National Security Law Branch finally appeared to settle on a “two-step request” legal process: get a search warrant to authorize the deployment of the software on a target’s computer, and then a subsequent order (known as pen register or trap and trace) to authorize the actual surveillance.
In 2013, a Texas judge stopped the FBI from using malware, rejecting the bureau’s warrant application because it was too vague and didn’t specify how the agents would actually install the software.
Soghoian, the ACLU surveillance tech expert, said that given the nature of this technology, and the fact that “Congress and the courts have been kept in the dark” about it, Americans should have more information on when and how the feds are using spyware.
“If law enforcement agencies can hack into your computer, turn on your webcam, turn on your microphone and steal documents from your computer, that’s the kind of thing that should get the attention of Congress. »
“Courts are not being told how agencies will get malware onto the computers of targets,” Soghoian said. “Similarly, law enforcement agencies have not discussed the use of this technique in any public Congressional hearings.”
“The American people deserve some answers and I think Congress needs to investigate this,” Soghoian told Motherboard.
Omanovic, from Privacy International, added that the US needs update the legal framework regarding hacking and the use of spyware by law enforcement agencies and establish “effective oversight mechanisms.”
Privacy International also released a dossier on Hacking Team on Wednesday, asking Italian authorities to look into the company and its practices in light of European export controls of surveillance technology. (Rabe said that the company « is in compliance with all export laws. »)
Some legal experts, however, argue that there’s nothing illegal about the use of spyware. Although there is no specific law that specifically covers hacking, Jonathan Mayer, a computer scientist and lawyer at Stanford University, said that law enforcement agencies are “broadly authorized” to conduct searches in the US, including using hacking techniques.
“They don’t need some special legislative grant of extra authority before they can hack,” Mayer told Motherboard, adding that a search warrant supported by probable cause and particularly describing what the agents seek is all they need.
But for critics, such as Soghoian or Privacy International, there still should be more transparency and a public debate.
“If law enforcement agencies can hack into your computer, turn on your webcam, turn on your microphone and steal documents from your computer,” Soghoian said, “that’s the kind of thing that should get the attention of Congress, particularly before this trickles down to local law enforcement agencies.”
This story has been updated to include a comment from Hacking Team’s Eric Rabe on his company’s compliance with export controls. And to clarify that FBI agents considered using malware without a warrant, according to documents obtained by the EFF.
Quatre-vingt-dix millions de dollars au bas mot. Voilà le montant des ventes de drogue estimé pour une année sur Silk Road, le premier cryptomarché à abriter des activités illicites en ligne. Depuis, les ventes de cocaïne, d’héroïne et d’ecstasy auraient explosé sur le Web avec la venue d’autres sites semblables.
« La demande est très forte et les trafiquants sont habiles à camoufler et sceller leurs colis afin qu’ils ne soient pas interceptés par Postes Canada ou par les agents des services frontaliers », rapporte David Décary-Hétu, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au Centre international de criminologie comparée de l’UdeM. Avec Judith Aldridge, de l’Université de Manchester, en Angleterre, il a étudié les réseaux criminels virtuels afin de déterminer la taille des marchés de drogue sur Internet et de tracer le profil des consommateurs.
En septembre 2013, les chercheurs ont réussi à copier l’historique des transactions faites sur Silk Road 1. « C’était à peine deux semaines avant la fermeture du site par le FBI », signale le criminologue. Sur ce cryptomarché, on vendait des vêtements, des livres, mais surtout des stupéfiants livrables à domicile par la poste partout dans le monde ! À l’époque, il s’agissait du seul réseau en ligne garantissant l’anonymat qui permettait de se procurer des substances psychoactives.
En analysant plus de 12 000 annonces et commentaires de clients, David Décary-Hétu et sa collègue ont pu calculer les revenus générés en multipliant le nombre de messages des acheteurs par le prix des produits. Ils ont ainsi démontré que les ventes de stupéfiants sur le site avaient grimpé en flèche en l’espace d’un an, passant de 17 à 90 millions de dollars, une augmentation de 600 %.
Autre constat : une grande part des achats aurait été effectuée par des vendeurs qui s’approvisionnaient sur le cryptomarché pour ensuite revendre la drogue dans la rue ou sur le Web. Le professeur Décary-Hétu a établi un an plus tard l’identité de quelque 250 vendeurs canadiens actifs sur les cryptomarchés. Ils expédiaient leur marchandise comme une lettre à la poste !
Il aura fallu deux ans et demi au FBI pour mettre la main au collet de l’administrateur de Silk Road 1, Russel Ulbricht, un physicien de 30 ans habitant San Francisco. Celui-ci aurait même été traqué par hasard, raconte-t-on. Depuis son arrestation, une quinzaine de cryptomarchés voués à la vente de drogue ont vu le jour, dont Agora, Nucleus, Middle Earth et Silk Road 2 (fermé lui aussi par le FBI). « Les cryptomarchés représentent une telle innovation criminelle qu’ils pourraient transformer le marché de la drogue et faire reculer les efforts de régulation de plusieurs décennies », estime David Décary-Hétu. Ses travaux ont permis la mise au point d’un outil de surveillance des marchés de vente de drogue en ligne.
David Décary-Hétu a lui-même plongé dans le dark Net et procédé à des achats de drogue.
Le Web invisible
Mais comment de telles activités passibles de prison sont-elles possibles sur Internet? En fait, il s’agit de la face obscure du Web, le dark Net, comme la nomment les spécialistes, ou Web invisible. On accède à ce monde parallèle grâce à Tor Browser, un fureteur configuré pour y naviguer. « Cela permet aux individus de se connecter aux cryptomarchés sans que le site Web connaisse leur identité et leur adresse IP », précise David Décary-Hétu. Pas moyen de connaître précisément la source des produits.
« Il existe maintenant un grand nombre de cryptomarchés qui permettent de commander des drogues en ligne, ajoute le professeur. Ces marchés criminels sont calqués sur des sites marchands comme Amazon et eBay. Ils en diffèrent cependant par le fait que les paiements sont faits en bitcoins, une monnaie virtuelle anonyme, et l’argent des acheteurs est gardé en fidéicommis jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur commande. Toutes les connexions des utilisateurs sont anonymisées. »
Selon le chercheur, les cryptomarchés sont un petit canal de distribution non approprié pour les cartels de la drogue. En revanche, ils sont efficaces pour approvisionner les vendeurs intermédiaires à la recherche de stupéfiants potentiellement de meilleure qualité et moins chers. Et, compte tenu de leur aspect sécuritaire, le nombre de transactions virtuelles illicites n’a pas fini de croître, juge le professeur.
Les criminels en ligne, des nationalistes ?
Depuis son doctorat en criminologie à l’UdeM sous la direction des professeurs Carlo Morselli et Stéphane Leman-Langlois, de 2009 à 2012, David Décary-Hétu étudie l’influence d’Internet sur la criminalité et l’adaptation des criminels à cet environnement virtuel pour tenter d’approfondir la compréhension du phénomène de la déviance en ligne.
Ce spécialiste des cryptomarchés, l’un des rares au Québec, a même plongé dans l’univers du dark Net et procédé à des achats de drogue alors qu’il accomplissait un travail de maître d’enseignement et de recherche à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, en Suisse. L’objectif ? Comparer le profilage chimique des produits achetés en ligne avec ceux qu’on trouve dans la rue. « On peut ainsi avoir une bonne idée d’où vient la drogue, affirme David Décary-Hétu. Par exemple, si la cocaïne est pure à 85 %, elle provient sans doute directement des fournisseurs d’Amérique du Sud, car la pureté des drogues locales oscille généralement entre 25 et 35 %. »
Pour l’heure, il est prématuré de généraliser les données obtenues par le professeur. Mais les résultats préliminaires révèlent des différences entre les deux canaux de distribution et ce ne sont pas nécessairement les mêmes individus qui vendent sur les cryptomarchés et en dehors du Web. « Au Canada, on n’analyse pas la pureté de la drogue saisie, souligne le chercheur. On ne peut donc pas établir le même parallèle entre les produits. » Mais les données accumulées au fil des ans tendent à confirmer une tendance : plus la réputation des trafiquants est grande et plus ceux-ci expédient leurs marchandises principalement dans leur pays d’origine. Les clients semblent aussi préférer acheter à des vendeurs issus du même pays afin d’éviter les inspections aux frontières. « Les cryptomarchés sont des plateformes mondiales, mais on croit qu’elles sont d’abord utilisées de manière nationale. C’est du moins ce qu’on tente actuellement de montrer. »
« Le Choix de Yves Calvi » du 6 septembre 2013 en vidéo : pendant six ans, Marc Fiévet était un « aviseur » pour les Douanes Françaises, un agent infiltré dans les plus gros réseaux de trafics de drogue. Lâché par le Directeur de la douane française François Auvigne, un inspecteur des finances lâche et incompétent, qui a refusé d’assumer les décisions prise par ses prédécesseurs.
Marc Fievet se bat aujourd’hui pour faire reconnaître la dérive « juridico-administrative » qui lui a fait faire plus de dix ans de prisons.
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Avec l’intervention deJean-Henri Hoguet, ancien directeur à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).
Bonjour à tous ! A la une de L’heure du crime, l’histoire vraie d’un « infiltré », dont la mission était de faire tomber un réseau international de trafic de stupéfiants, et qui se retrouve quelques années plus tard condamné à perpétuité ! Cet homme s’appelle Marc Fievet. Il est mon invité. Son nom est peu ou pas connu du public, mais son aventure a inspiré les scénaristes du film « Gibraltar », qui sort mercredi prochain au cinéma. Pendant six ans, il était connu sous le nom de code NS 55. Il a permis aux services des douanes; qui l’avaient recruté en 1988, de récupérer près de 100 tonnes de stupéfiants ! En septembre 1994, un bateau lui appartenant est arraisonné dans l’Atlantique, au large de l’Espagne, avec plus de 5 tonnes de cocaïne. Considéré comme le numéro 2 du réseau, il est condamné à perpétuité, extradé en France où sa peine est ramenée à 20 ans, dont dix ans incompressibles. Depuis sa sortie de prison, Marc Fievet se bat pour être réhabilité. Sa vie a été détruite. Il veut laver son honneur et que l’Etat reconnaisse qu’il était en service commandé !
Jacques Pradel
Invités: Marc Fievet, son avocat, Christophe Pech de La Clause .
Fotografía cedida por la Agencia Boliviana de Información que muestra los paquetes con droga decomisados por la Policía de Bolivia, este martes 21 de abril de 2015, en Oruro (Bolivia). EFE
La Paz, 21 abr (EFE).- La Policía de Bolivia decomisó 654 kilos de clorhidrato de cocaína, valorados en 48 millones de dólares, que estaban escondidos en un vehículo que transportaba chatarra a Chile y cuyo destino final era España, informó hoy el Gobierno boliviano.
El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Hugo Moldiz, dijo a los medios en la ciudad andina de Oruro que se trata de un « golpe duro » al narcotráfico que se desarrolló el lunes durante un operativo de la Policía boliviana en el puesto de Tambo Quemado, en la frontera con Chile.
La droga estaba distribuida en 623 paquetes tamaño ladrillo « camuflados en el interior de un vehículo que trasladaba chatarra de hierro », según un comunicado del Ministerio de Gobierno.
Según Moldiz, los 654 kilos de clorhidrato de cocaína tienen un valor en el mercado de 48 millones de dólares y tenían como destino final la ciudad de Málaga (sur de España).
El vehículo pertenecía a la Recolectora Menacho, propiedad de un boliviano identificado con las iniciales G.A.M., según el informe.
En la operación policial fueron detenidos seis bolivianos que forman parte de una organización con « conexiones internacionales en Chile y en España », indica el comunicado.
Moldiz declinó precisar de dónde provenía la cocaína y los nombres y las conexiones específicas de la organización en esos dos países, debido a que la investigación sigue abierta.
En lo que va del año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia ha realizado 3.263 operativos, que dejaron casi 11 toneladas de cocaína y 23,2 toneladas de marihuana decomisadas.
La fuerza policial también arrestó a 1.060 presuntos narcotraficantes y confiscó ocho « narcoavionetas ».
Los detenidos están acusados por delitos como homicidio, extorsiones, narcotráfico y prostitución de menores. Las autoridades consideran que están cerca de capturar al líder « Otoniel » y desmantelar a la banda criminal
Un total de 72 miembros de la banda narcotraficante Clan Úsuga fueron capturados durante un megaoperativo que se llevó a cabo esta semana en distintos puntos de Colombia, en lo que ha sido un intento por cercar al líder de la organización, Dario Úsuga, alias « Otoniel ». De ellos, 65 eran requeridos por delitos como homicidio, extorsiones, narcotráfico y proxenetismo.
Según informó la Policía, entre los detenidos hay seis hombres que comandaban las operaciones de la banda, así como funcionarios públicos que facilitaban información a los criminales y una mujer que captaba menores de edad para que prestaran servicios sexuales a los líderes del clan
La operación policial comenzó el martes por la madrugada, de acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, y se realizó en paralelo en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Sucre, Córdoba y Atlántico, situados en el oeste y norte del país. También fueron incautadas armas de fuego, computadoras y memorias virtuales, que según la Policía contienen « importante información sobre las acciones ilegales del clan ».
En las últimas semanas, las autoridades han mantenido una ofensiva permanente contra el Clan Úsuga, la principal banda criminal de Colombia, luego de que en marzo el presidente Juan Manuel Santos ordenara aumentar las recompensas por información que lleve a la captura de sus líderes. En especial, las operaciones van dirigidas a dar con el paradero de « Otoniel », el cabecilla del grupo y con cuya captura las autoridades esperan desmantelar grupo.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, evaluó la operación y aseguró que dejó al Clan al borde de la fractura. « Buscamos romper de una vez por todas la espina dorsal de la estructura logística extorsionista y de homicidio del Clan Úsuga. Entre los capturados tenemos a alias ‘Lute’, contratista de la Alcaldía de Rio Sucio, a quien se le decomisó una subametralladora con silenciador, y a ‘Yarlington’, un asistente de la Fiscalía señalado de suministrar información de los procesos que se adelantaban en contra del Clan Úsuga », señaló.
El Clan Úsuga, también conocido como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, surgió tras la desmovilización de unos 32.000 paramilitares de derecha durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) y actualmente tiene influencia nacional.
De acuerdo con un informe revelado en marzo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, grupos como el Clan Úsuga « son el reto principal en seguridad pública hoy en día » en el país, incluso más que las FARC.
Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo en el que han participado guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, y que ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de cinco millones de desplazados.
The agency (DNRED) busted the vessel on Wednesday more than 125 miles off the coast of Martinique after a two-year investigation. Authorities arrested three Spanish nationals and a Venezuelan aboard.
Below deck they discovered massive blocks of cocaine wrapped in plastic.
The total was more than a third of the total amount of cocaine French customs seized in 2014.
Talk about the high seas. A sailboat in the Caribbean was carrying 2.25 tons of cocaine when it was intercepted by French customs officers, authorities said. The illicit haul was a new record for the agency. The Silandra boat sailed under an American flag, …
More than two tons of cocaine was seized from a boat off Martinique that was falsely sailing under an American flag, French authorities said Saturday, marking a record haul. France’s Finance Ministry said the Wednesday raid took place 125 miles off the coast …
Médaille remise aux agents de l’échelon de la DNRED de Lyon en 2000
pour fêter l’anniverssaire de sa création.
***
Jean-Pierre Cazé est un ancien douanier d’un genre particulier. Jusqu’au début des années 90, son travail fut d’infiltrer les réseaux de trafiquants de drogue en France et au Maroc pour le compte du service français de renseignement des douanes. Il témoigne dans un livre intitulé Au cœur du trafic, Mémoires d’un douanier infiltré, chez Nouveau monde éditions. Il répond à nos questions.
Afrique Drogue: Travailler en tant qu’infiltré dans un réseau de trafiquant de drogue, cela consiste en quoi?
Jean-Pierre Cazé:Il faut d’abord avoir des « aviseurs », autrement dit des informateurs. Ces gens-là connaissent une organisation frauduleuse ou criminelle sur le point d’importer, par exemple, en France une quantité importante de drogue ou qui détient une quantité importante de drogue. Et c’est par l’intermédiaire de cette personne que l’agent va pouvoir être présenté à cette organisation, sans bien sûr que ses membres sachent qu’il est fonctionnaire…Ce fonctionnaire va agir sous couverture, sous un nom d’emprunt, une profession d’emprunt. Et cet informateur, qui connaît bien les voyous, va présenter ce « nouvel ami », bien le présenter pour qu’il soit accepté par l’organisation. Et ensuite, ce fonctionnaire va vivre complètement en immersion au sein de l’organisation.
A.D: Justement, vous l’avez fait à plusieurs reprises. Dans votre livre, vous parlez d’une opération d’infiltration, réussie au Maroc. Racontez-nous comment vous avez fait.
J-P C:Cela a duré plusieurs semaines, même deux mois. C’était un contact que nous avions du côté de Tanger qui nous informait qu’une bande organisée était sur le point de faire acheminer vers la France environ une tonne de résine de cannabis. A cette époque, c’était une grosse quantité. On parlait plus souvent de prises de 5 ou 10 kilos. Et donc l’occasion m’était donnée de m’infiltrer dans cette organisation au Maroc et de leur présenter la chose en étant transporteur. Il faut savoir qu’au Maroc, ce n’est pas dur de trouver des stupéfiants, de la résine de cannabis. Mais ce qui est compliqué pour les fournisseurs marocains, c’est d’acheminer la marchandise en France. Moi, j’avais ma qualité de transporteur routier. J’avais sous mes ordres des chauffeurs, des civils, que nous avions recruté à cet effet, pour pouvoir acheminer les stupéfiants du Maroc en France et suivre la progression du Maroc jusqu’en France, jusqu’à ce que les acheteurs viennent récupérer la marchandise.
A.D : Comment faisiez-vous pour véritablement vous faire passer pour une personne impliquée dans le trafic de drogue, parce qu’il y a des codes, il y a des réflexes, il y a des choses que peuvent remarquer les trafiquants qui peuvent vous confondre…
J-P C:C’est tout ce qu’on appelait l’éducation de l’agent. Partir en infiltration, c’est toute une préparation en amont. Il faut changer sa manière de vivre, il faut changer sa manière de parler, son comportement, son aspect physique. On oublie tout, on est plus fonctionnaire, on est plus douanier. Moi, j’avais donc comme couverture camionneur qui avait une entreprise dont la situation était très mauvaise et qui voulait se refaire. Donc il me fallait de l’argent. Et j’acceptais de transporter des stupéfiants pour le compte de ces trafiquants. C’est comme ça que je devais me faire accepter. Mon aspect physique, c’était cheveux longs, le style un peu baroudeur.
A.D: Est-ce que, à un moment ou à un autre, vous avez pensé que vous alliez vous faire coincer?
J-P C:Je faisait tout, justement, pour ne pas me faire repérer. Mais c’est vrai qu’il ne faut pas faire d’erreur. Il y a des choses qu’il ne faut pas dire. On ne parle pas de cannabis, on ne parle par de haschich. On parle de n’importe quoi, de marchandise, de pommes de terre ou de chocolat…Il y a les attitudes aussi. Refuser un ou deux verres de bourbon, ça ne se fait pas non plus. En outre, j’avais appris absolument tout le fonctionnement des camions, toute la mécanique, justement pour que si on me posait des questions, je puisse répondre.
A.D : Est-ce que cela veut dire aussi parfois qu’il faut franchir la ligne rouge, pour être crédible vis-à-vis des trafiquants ?
J-P C: C’est une chose, dans la mesure du possible, qu’il ne faut jamais faire. Par exemple, il vont vous demander de consommer des stupéfiants pour voir si vous êtes bien de leur côté. C’est une chose qu’il faut toujours éviter. Moi je ne l’ai jamais fait, c’était ma ligne de conduite. C’est de toujours refuser mais avec des motifs valables.
A.D: Vous expliquez aussi qu’à plusieurs reprises vous avez été dans des situations où les trafiquants ou ceux qui voulaient acheter la marchandise que vous étiez censé transporter, ont demandé que vous leur montriez une partie de la marchandise afin qu’ils puissent l’emporter afin de prouver que vous étiez vraiment trafiquant et détenteur d’une grosse quantité de cannabis. Comment vous faisiez dans ces situations-là?
J-P C: C’était ça le gros problème. C’était la finalité de l’affaire. La marchandise était remontée en « livraison surveillée », était mise en dépôt. Et c’était le jour où les trafiquants venaient chercher la marchandise. Mais dans ce cas-là, ils n’arrivent pas comme ça avec un fourgon. Ils disaient: « Ok. Vous avez une tonne que vous avez ramenée. La tonne m’appartient, je l’ai payé. Maintenant, il faut que je sache vraiment de quel côté vous êtes, il faut qu’on soit sûr. Maintenant, vous allez lâcher par exemple, 25 ou 50 kilos. » Là, c’était un gros problème. On l’a fait une fois sur une affaire à Dijon. Ce qui nous a d’ailleurs valu de gros soucis ensuite avec la police et la justice. Pourquoi? Parce que, à cette époque, il n’y avait aucune loi encadrant cela. Aujourd’hui, un agent infiltré peut transporter de la marchandise, l’entreposer et même en céder à la fin, quand il ne peut pas faire autrement avant de remettre toute la marchandise.
A.D: Effectivement, vous avez mené ces opérations d’infiltration à une époque où ce n’était pas du tout encadré sur le plan législatif. Dans le livre, vous racontez que vous agissiez totalement sans filet et que cela vous a même valu d’être arrêté et de vous retrouver face à la justice, même si par ma suite vous avez été blanchi…
J-P C:Oui. C’est sur une affaire dans laquelle les trafiquants ont envoyé un homme de main chercher de la marchandise. Avant de la remettre, j’ai réussi à m’exfiltrer et à demander l’autorisation de mes supérieurs, qui m’ont donné l’autorisation. Donc j’ai « fait » 25 kilos, comme on dit dans le jargon du métier, pour que tout soit crédible. Et ils sont partis dans la nature. Et le lendemain, ils sont venus chercher le reste. Ils sont venus chercher 500 kilos sur 525 kilos. Et puis on a réussi à interpeller tous les trafiquants. Mais comme la loi n’avait pas encore été votée, on a eu les pires ennuis.
A.D: Aujourd’hui donc, le travail d’infiltration est encadré par la loi. Est-ce qu’elle couvre tous les cas de figure?
J-P C: Les fonctionnaires qui vont faire de l’infiltration sont toujours confrontés à ce qu’on appelle la mise à l’épreuve. C’est à dire que quand vous arrivez dans une organisation, on peut pour vous mettre à l’épreuve vous faire faire n’importe quoi. On peut vous dire: « ce soir on monte sur un braquage, tu seras chargé de conduire le véhicule ». Qu’est-ce qu’on fait? On se sauve ou on reste? Si on continue l’infiltration, on est obligé de participer au braquage. Le problème, c’est que s’il y a des problèmes, un blessé, voire un mort, qu’est-ce qui va se passer après? L’agent est en infiltration. Mais il est tout de même un peu complice…Donc je ne sais pas si la loi va assez loin.
A.D : Vous estimez que, aujourd’hui, pour lutter contre le trafic de drogue, on est obligé de faire de l’infiltration?
J-P C: C’est une technique qui est redoutable. Parce que quand vous êtes infiltré, vous entendez tout, vous voyez tout. Vous comprenez tout le système d’acheminement. Vous connaissez tous les personnages qui sont autour de l’affaire. Il est certain que quand vous avez un agent infiltré dans une organisation, il est sûr que cela fait mal parce que tout le monde tombe.
A.D: Avez-vous l’impression que le travail d’infiltration est devenu plus difficile par rapport à l’époque où vous la pratiquiez?
J-P C:J’ai fait cela pendant une vingtaine d’années. C’était une technique que nous avions empruntée aux américains. Cette méthode-là n’était pas connue. On avait une longueur d’avance sur les trafiquants. Aujourd’hui, ils savent qu’en France des agents pratiquent l’infiltration. Donc il est certain que les agents qui vont s’infiltrer, vont avoir un plus de mal à se faire accepter et à pouvoir pratiquer cette infiltration dans les circuits frauduleux.
A l’époque, le ministre de tutelle de la Douane française était Michel Charasse.
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L’interview de Michel Charasse par Elise Lucet
Dans une bibliothèque du Sénat.
***
Elise Lucet: Invité de Pièces à conviction, Michel Charasse, bonsoir…
Michel Charasse: Bonsoir.
Elise Lucet: Vous êtes l’ancien ministre du budget de 1988 à 1992 et sénateur du Puy de dôme, c’est la raison pour laquelle, nous sommes exceptionnellement au Sénat pour réaliser cet interview…Euh, vous ne souhaitez pas parler de, de l’affaire Marc Fievet…Est-ce que je peux vous demander quels étaient vos rapports, lorsque vous étiez ministre du budget avec ces aviseurs, je crois que vous avez souhaité les rencontrer, pourquoi ?
Michel Charasse: Lorsque je suis arrivé au ministère du budget en mai…juin 88 , l’administration des douanes dont l’une des fonctions importantes est de lutter contre tous les trafics …de drogue, d’argent, euh, contre-façon..etc. prenaient par an à peu près 5 tonnes de drogue. Lorsque j’ai quitté le ministère le 2 octobre 1992, nous étions à 35 tonnes par an. C’est à dire multiplier par 5, par 7 pardon…
Elise Lucet: Ouais !
Michel Charasse : En, en un peu plus de quatre ans………..Vous pensez bien que tout ceci a nécessité une organisation
Elise Lucet:Honhon !
Michel Charasse: Ou une réu.. Ou .une réorganisation….Bien entendu ce n’est pas moi qui est tout inventé, mais j’ai donné à la douane beaucoup de moyens…avec l’argent du contribuable, pour en faire une véritable arme contre les trafiquants et notamment les trafiquants de drogues…
Elise Lucet: Et parmi ces armes, il y avait les aviseurs
Michel Charasse : Et parmi ces armes il y avait la collecte de renseignement et dans l’ensemble des renseignements, il y avait bien entendu les renseignements fournis par les aviseurs…
Elise Lucet : Beaucoup ?
Michel Charasse : Des aviseurs plus nombreux, mieux organisés, des relais mieux organisés par l’intermédiaire des , des, des correspondants que la douane pouvait avoir à l’étranger sous couverture planquée ou officielle, attachés douaniers dans les ambassades etc. etc…Donc bien entendu, on a dû beaucoup, enfin beaucoup a été dû aux renseignements…
Elise Lucet : Ouais !
Michel Charasse : Et c’est d’ailleursparce que l’affaire a pris une ampleur importante pendant le temps où j’étais au ministère, en particulier avec la technique de ce que l’on appelle les livraisons contrôlées, c’est à dire l’infiltration de nos aviseurs ou quelques fois de douaniers d’ ailleurs, dans les réseaux de drogue …
Elise Lucet : Ouais !
Michel Charasse: Et de fonctionnaires donc, de la douane, dans les réseaux de drogue..Euh, qui a conduit à… justement un incident grave. ..Euh…entre 90 et 92, qui s’est retrouvé devant le tribunal de Dijon, puisqu’à l’époque la législation française n’autorisait pas la livraison contrôlée,…le code pénal
Elise Lucet: Vous parlez des quatre douaniers qui ont été incarcérés.
Michel Charasse : Voilà, donc il y a eu l’affaire de Dijon et ces douaniers ont failli être condamné et ..euh, ils ne l’ont pas été que parce que d’une part j’ai fait voter la légalisation des livraisons contrôlées….Comme je l’ai déclaré un jour, on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre,
Elise Lucet : Oui
Miche Charasse : Quand on fait la guerre on fait la guerre…
Elise Lucet : Ouais…
Michel Charasse :On ne fait pas la guerre avec le, avec le code pénal dans la poche ou avec des prières ou la bible ou le portrait de Mahomet.
Elise Lucet: Donc si on veut coincer des trafiquants, il faut utiliser leurs méthodes !
Miche Charasse: Donc, très bien euh…Il faut utiliser leurs méthodes, il faut aller les chercher là où ils sont.
Elise Lucet : Honhon.
Michel Charasse : Vous savez ce sont des tueurs, je parle pas du petit, du petit merdeux, du petit dealer, du pauvre gamin…
Elise Lucet : Non, non, on parle des Locatelli, des gens comme ceux qu’on a vu dans le reportage.
Michel Charasse: Etc… je parle, voilà, des gros. Ce sont des tueurs ! Par conséquent, on va pas attraper les tueurs en leur récitant des cantiques.
Elise Lucet : Alors, on en vient à la situation actuelle, si vous le voulez bien…
Miche Charasse :On tire d’abord et on discute après……………………….
Elise Lucet :……………….Euh, on va en venir à la situation actuelle si vous le voulez bien…
Michel Charasse :J’ai sur ce plan là, quand on a affaire à des tueurs, une notion de l’Etat de droit qui est assez flexible…
Elise Lucet :.Michel Charasse, pour terminer, on a bien compris que vous ne vouliez pas parler du dossier de Fievet, mais est-ce qu’il y a en France … des aviseurs de la douane et là je parle pas forcément du moment où vous, vous y étiez, qu’on a laissé tomber…
Michel Charasse : ……………..A mon époque, je n’ai pas entendu dire qu’on avait laissé tomber qui que ce soit…
Elise Lucet : Donc, on laisse pas tomber les aviseurs ?
Michel Charasse :………Mais, on laisse tomber personne …Il faut laisser tomber personne. Lorsque vous êtes engagé dans une bataille….Euh, et ben…Euh…Euh, vous faites le nécessaire pour sauver tous vos soldats…
Elise Lucet : C’est pas ce que Fievet a l’air de penser…
Michel Charasse : (6 secondes de silence).Chacun pense ce qu’il veut, moi je vous dis simplement que quand on voit les résultats qu’on voit, il faut bien que…euh, l’administration des douanes soit soutenue par son ministre et qu’elle soutienne tous ceux qui collaborent, fonctionnaires ou non à ses activités.
Elise Lucet : Michel Charasse, merci d’avoir répondu à nos questions.
Des membres de la mafia israélienne se seraient installés au Maroc, où ils vivent à Casablanca et Marrakech. Ces criminels, reconvertis dans les affaires, mèneraient un train de vie dispendieux.
Gabriel Ben-Harush et Shalom Domrani font partie de ces figures emblématiques de la mafia israélite, installées au Maroc, d’après le quotidien israélien Haaretz.
Ben-Harush vit à Casablanca où « il travaille pour Dieu », a indiqué l’un de ses proches au quotidien. L’homme d’affaires, impliqué dans plusieurs affaires douteuses dont du blanchiment d’argent, réceptionne régulièrement les bénéfices de ses activités immobilières à Jérusalem.
Shalom Domrani lui aussi est devenu homme d’affaires au Maroc, où il aurait créé une entreprise agricole. Il avait quitté Israël après sa sortie de prison, parce que la police continuait à le considérer comme une cible principale, rapporte un de ses proches.
Comme eux, d’autres grands noms de la mafia israélienne auraient élu domicile au Maroc, où ils se sentent en sécurité, parce qu’ils ne risquent pas d’être extradés vers Israël.
Según divulgó la Secretaría Nacional Antidrogas, agentes especiales de dicha institución, en coordinación con el Ministerio Público y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realizaron ayer una operación antidroga que derivó en la intercepción de una avioneta cargada con cocaína, además de la detención de cinco personas, entre ellas dos de nacionalidad boliviana. La incursión también permitió la incautación de vehículos, equipos de comunicación y dinero en efectivo.
La Operación, denominada “Halcón VII” fue el resultado de las tareas de inteligencia de la SENAD, en coordinación con el Ministerio Público y con un importante apoyo operativo de la FTC. De esa forma, este mediodía, un grupo operativo se apostó en una pista clandestina ubicada en la Colonia Aguará, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, donde según informes recabados, se produciría la entrega de un alijo de drogas provenientes de Bolivia.
En un momento dado, descendió una avioneta Cessna con matrícula boliviana pilotada por dos ciudadanos bolivianos y con una carga de cocaína. Una vez aterrizado, se produjo la incursión de los antidrogas con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea. En la cabecera de la pista se encontraban tres ciudadanos paraguayos que tenían dos camionetas, aguardando para recibir el cargamento. Todos fueron aprehendidos sin producirse heridos
Seguidamente, en presencia del fiscal interviniente Abg. Carlos Alcaraz, procedieron al pesaje de las evidencias que totalizaron 200 kilogramos de cocaína. Fueron incautados, además de la avioneta y las camionetas, un aparato de posicionamiento por GPS, radio aire tierra, varios bidones de combustible de aviación y unos 100 mil dólares americanos en efectivo, que debían ser entregados a los bolivianos como pago por la droga.
En total fueron detenidos cinco presuntos narcotraficantes, dos bolivianos y tres paraguayos. Entre los compatriotas fue capturado el supuesto jefe de la organización en Paraguay y uno de los extranjeros sería el brazo derecho del líder en Bolivia. Según los datos manejados, el cargamento debía ser destinado a Río de Janeiro, Brasil.
DETENIDOS
Miguel Alvia Yolvio, boliviano, 58 años, alias “viejito” (piloto)
Manuel Rueda Garzón, boliviano, 48 años, alias “Tarija” presunto brazo derecho del líder en Bolivia.
José Miguel Acosta Zarza, paraguayo, 29 años, presunto líder en Paraguay.
Marcial Sanguina Candia, paraguayo, 34 años.
Mauricio Vázquez Dávalos, paraguayo, 29 años.
El fiscal interviniente, Abg. Carlos Alcaraz dispuso la remisión de los detenidos y evidencias hasta la Base de Operaciones de la SENAD en Asunción. Dicho traslado se realizará vía aérea, mañana a primera hora del día.
El gobierno de Estados Unidos incluye a Gastelum en su lista de los más buscados.
Autoridades de México arrestaron en el balneario de Cancún (este) a César Gastelum Serrano, integrante de una importante red familiar que provee de cocaína al cártel de Sinaloa y que figuraba entre los más buscados por Estados Unidos y Honduras, informó este domingo una fuente oficial.
El arresto se efectuó la madrugada del sábado por elementos de la Marina Armada y de la Policía Federal cuando el presunto narcotraficante « se disponía a cambiar de vehículo como parte de su estrategia para evadir seguimientos », en un turístico bulevar de Cancún (Quintana Roo), dijo en un mensaje a medios el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
El funcionario señaló que Gastelum es pieza clave en el tráfico de cocaína a gran escala desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos, y que colaboraba con Ismael « El Mayo » Zambada, líder máximo del mexicano cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín « El Chapo » Guzmán.
El gobierno de Estados Unidos incluye a Gastelum en su lista de los más buscados. Identificándolo como miembro de una poderosa red familiar de tráfico de cocaína, el departamento estadounidense del Tesoro congeló sus bienes y los de sus hermanos Alfredo, Jaime, Guadalupe y Francisco.
Según Rubido, César Gastelum se había instalado en Quintana Roo « con muy bajo perfil » y se trasladaba regularmente a Guanajuato (centro) y Sinaloa (noroeste).
Al momento de su detención no portaba identificaciones, « ni siquiera de carácter apócrifo con la intención de no ser detectado », comentó el funcionario, al precisar que le fueron incautados dos vehículos, una arma corta y sustancias blancas con las características de la cocaína.
Tras la captura el año pasado de « El Chapo » Guzmán, el cártel de Sinaloa -considerado el más poderoso del país- quedó a cargo de « El Mayo » Zambada, uno de los últimos capos veteranos junto a Juan José Esparragoza « El Azul, » del mismo cártel.
Desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012, el gobierno de México ha abatido o arrestado a numerosos líderes del narcotráfico, como Servando Gómez « La Tuta » y Nazario Moreno « El Chayo » de Los Caballeros Templarios, así como a Heriberto Lazcano alias « El Lazca » y Miguel Ángel Treviño alias « Z-40 », de los sanguinarios Zetas.
Pese a la caída de estas importantes figuras criminales, la violencia por el narcotráfico prevalece en México, ya que muchos de los grandes cárteles derivan en escisiones más despiadadas que encuentran su financiación en otros crímenes contra la población como el secuestro y la extorsión.
Más de 100.000 personas han muerto o desaparecido desde que el gobierno de México inició su combate armado contra el crimen organizado en el inicio del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).